Gobiernos federal y del Edomex, imposibilitados para efectuar obras del nuevo aeropuerto

La SRA aún no acredita que la expropiación de tierras de Atenco es por causa de utilidad pública

MATILDE PEREZ U.

Los abogados de los campesinos de San Salvador Atenco esperan que el 19 de abril la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) presente pruebas para demostrar que la expropiación de las mil 78 hectáreas del ejido obedece a causas de interés y utilidad públicas. Con dichos documentos el juez tendrá los elementos necesarios para dictaminar de manera definitiva sobre el amparo interpuesto.

Si el próximo día 19 se difiere nuevamente la audiencia, no hay problema porque está la suspensión de plano. No hay prisa, aseveró Roberto Ortuño Orihuela, integrante del grupo de abogados del despacho del constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela, quien legalmente representa a los ejidatarios de Atenco.

Las dos mil fojas que remitió la SRA al juez sexto de distrito con sede en Nezahualcóyotl ?donde se interpuso el amparo? no contienen ninguno de los documentos que acreditan el interés público y social. Al juzgado llegaron varias cajas de documentos, pero sin las exigencias documentales que se le solicitaron al gobierno federal, abundó Ortuño Orihuela.

Los ejidatarios deben estar tranquilos, ya que ni el gobierno federal ni el del estado de México podrán realizar alguna actividad relacionada con el nuevo aeropuerto internacional, porque hay una suspensión de amparo que protege a los campesinos. Las autoridades caerían en abuso o violación a la protección jurídica en caso de comenzar alguna obra.

Por lo pronto, los ejidatarios de Atenco comentaron que reforzarán el plantón de resistencia que mantienen desde el 22 de octubre del año pasado, y refrendaron su postura de no vender sus tierras.

Por su parte, la Procuraduría Agraria continúa con los trámites jurídicos para proteger los derechos de los ejidatarios de Chimalhuacán, Huexotla, San Bernardino y San Martín, mientras que para los campesinos de Nexquipayac, San Miguel Tocuila y Santiago Cuautlalpan logró la suspensión de plano del amparo interpuesto, debido al bajo precio del avalúo de las tierras.

A la fecha, la Procuraduría Agraria representa jurídicamente a 40 por ciento de los 4 mil 375 ejidatarios afectados por el decreto de expropiación, del 22 de octubre del año pasado, y atiende a 54 por ciento de los 13 núcleos ejidales, así como a 250 ejidatarios ?en lo individual? de San Salvador Atenco.