Proyecto de ley rompería la unidad entre la Corte y la Judicatura

Temen embestida panista al Poder Judicial

La iniciativa neutralizaría la independencia ganada ante el Ejecutivo, dicen fuentes oficiales

JESUS ARANDA

La iniciativa de reformas al Poder Judicial Federal que impulsan los legisladores panistas, considera que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), deje el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), con lo que se rompería la unidad en este poder.

La propuesta plantea también desplazar a los dos representantes que tiene actualmente el Poder Judicial de la Federación -además del presidente de la Corte-, para que queden únicamente consejeros propuestos por el Poder Legislativo y por el Ejecutivo federal.

Fuentes oficiales confirmaron lo anterior, y añadieron que la existencia del proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal fue reconocida en pláticas privadas por el senador panista César Jáuregui, quien es actualmente miembro de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Aun cuando en círculos de abogados era secreto a voces el proyecto de reforma hace varios días, en el encuentro que sostuvo con los ministros de la Corte hace tres semanas, el presidente Vicente Fox negó categórico la existencia de la iniciativa, lo que tranquilizó a los ministros. Sin embargo, ayer, al confirmarse la existencia de ese proyecto de ley, fuentes judiciales expresaron su preocupación, porque esta propuesta surge cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido fallos muy importantes en los que el Ejecutivo federal no sacó la mejor parte, o emitió resoluciones contrarias a los círculos más conservadores, como fue la confirmación de la legalidad de la ley Robles.

Cabe precisar que el Consejo de la Judicatura Federal -que encabeza el presidente de la Corte- lo integran siete consejeros, encargados de la administración de los juzgados y tribunales del país, además de ser responsable de la carrera judicial y la defensoría pública federal.

Previsibles discrepancias

En este sentido, fuentes gubernamentales advirtieron que de proceder una separación de facto entre la Suprema Corte y el CJF, se abriría la puerta al surgimiento de discrepancias y falta de acuerdos -desde los temas presupuestales hasta la vigilancia de la labor de jueces y magistrados federales-, y con ello la fragmentación y debilitamiento de la Judicatura federal.

De prosperar la idea de los legisladores panistas, el Poder Judicial federal entraría en un proceso de politización -cuando cada fracción parlamentaria impulse a sus consejeros, para que éstos a su vez incidan en el nombramiento de jueces y magistrados afines- que terminaría por echar a tierra el proceso de independencia y autonomía que inició con la reforma constitucional de diciembre de 1994, indicaron las fuentes.

Revelaron que entre los cambios que impulsan los panistas destaca el del escalafón de ascensos para llegar a ser juez y magistrado, además de que se abriría la puerta a concursos de oposición para ocupar las plazas. Cabe recordar que en la única experiencia de este tipo, sólo un concursante externo ganó nombramiento como juez de distrito, lo que fue una llamada de atención para quienes en el CJF propugnaron cambiar la escala de la carrera judicial.

Precisamente, el tema de la independencia y autonomía fue abordado recientemente por el pleno de la Corte, cuando obligó al Consejo de la Judicatura Federal a dejar sin efecto su acuerdo general 72/2001, que planteaba la obligación de los jueces y magistrados de "elegir" a sus actuarios, secretarios de juzgado o de tribunales, de entre los ganadores de los exámenes de oposición que les hiciera el Instituto de la Judicatura Federal, para que una vez probada su "aptitud" los juzgadores eligieran a sus colaboradores.

Sin embargo, esta decisión causó gran inconformidad entre jueces y magistrados, inquietud que llegó hasta el pleno de la Corte, que determinó que si bien, el acuerdo referido tenía como propósito elevar el nivel profesional de los que ingresaran al primer escalón de la carrera judicial, lo cierto es que constituía "una franca transgresión a la Constitución y al principio de autonomía del juzgador", al quebrantar el equilibrio "entre la facultad constitucional de los titulares de designar a su personal y la necesidad de que al hacerlo se garantice la excelencia profesional de secretarios y actuarios".

El argumento de los ministros para revertir el acuerdo del CJF fue preservar ante todo la autonomía de jueces y magistrados, independencia que podría cambiar si prospera la iniciativa panista, alertaron las fuentes.

Según círculos políticos, más allá del golpe a la autonomía de la Judicatura hay la intención de legisladores panistas de "apropiarse" del CJF, colocando personajes afines a su política. Además, comentaron, es conocida la influencia que tienen en el blanquiazul abogados como Antonio Lozano Gracia, ex procurador de la República, Fernando Gómez Mont, Diego Fernández de Cevallos, entre otros.