MONTERREY 2002

Contradictorio, que en los países más pobres se restrinjan salarios y gasto social, dicen

El libre mercado, máquina ciega que institucionaliza la desigualdad: obispos

Esa economía destruye a su paso los recursos naturales, advierten en la Declaración de Monterrey Desatienden gobiernos necesidades básicas de justicia social, señalan

JOSE ANTONIO ROMAN

Es ''sumamente contradictorio'' que en los países más pobres tengan que restringirse los salarios y el gasto social para poder mantener estables los índices macro-económicos y las ganancias de las inversiones del capital, señaló la Comisión Episcopal de Pastoral Social, al sostener que la economía de libre mercado se ha convertido en una ''máquina ciega'' que institucionaliza la desigualdad y la exclusión.

En su llamada Declaración de Monterrey, elaborada con motivo de la próxima Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que se llevará a cabo en esa misma ciudad del 18 al 22 de marzo, los obispos católicos criticaron que esta economía de mercado también destruye a su paso los recursos naturales y elimina progresivamente las diferencias locales y temporales significativas del ámbito cultural.

Asimismo, destacan que una de las estrategias fundamentales del nuevo capitalismo liberal que es impuesta a los países pobres y que las naciones desarrolladas no se aplican a sí mismas es la reducción del papel del Estado en la conducción de la economía, lo que ha propiciado, por parte de los gobiernos de los países subdesarrollados, una terrible omisión en su responsabilidad de atender las necesidades básicas de justicia social de los pueblos.

Prevalece en México una injusta repartición de la riqueza

''Por lo que toca a nuestro México -añaden los obispos-, además del problema de una injusta distribución de la riqueza prevalecen la corrupción y la impunidad, lo cual lleva a que el desarrollo con justicia y equidad sea inalcanzable'', señala el texto suscrito por el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Sergio Obeso Rivera, y tres obispos vocales más, resultado de un reciente encuentro en la ciudad de Monterrey, donde intercambiaron puntos de vista con académicos, empresarios y diversas organismos no gubernamentales (ONG).

Con 17 puntos, el documento indica que los planteamientos y postulados del libre mercado por sí solos no favorecen el verdadero desarrollo integral. Advierte que un desarrollo que sólo enfatiza el aspecto económico, en detrimento de los otros aspectos de la vida humana, atenta contra la dignidad de la persona y conduce a mayores niveles de injusticia. Además, un modelo de desarrollo que explícita o implícitamente sostiene que el dinamismo central es el mercado es irreal, inestable e inmoral.

Agrega que es urgente tomar conciencia de que, mientras los gobiernos de los países no tengan como un principio fundamental de su gestión política el respeto a los derechos humanos, su quehacer está condenado al fracaso y a la frustración.

Lo anterior se traduce en ingobernabilidad y aumento creciente de la violencia, tal como se puede constatar todos los días en distintas partes del mundo. Entre los derechos fundamentales de la persona está el derecho al desarrollo, al que no sólo debe acceder plenamente cada quien de manera individual, sino cada pueblo en su integridad.

El progreso es bueno, pero cuando el modelo de crecimiento es excluyente y selectivo, como el que impone la actual economía de libre mercado, esa mejora sólo llega a unos cuantos. Y el derecho al desarrollo, que debería estar al alcance de todos, se convierte en ''instrumento de dominio'' en manos de unos pocos privilegiados que tienen acceso a los avances científicos y tecnológicos, dicen los obispos católicos en el punto siete de su documento.

Necesario, prestar atención a los grupos más vulnerables

De manera especial se cita a la deuda externa, la cual ''asfixia'' a muchos pueblos y afecta la vida de un número creciente de personas, e incluso reitera la petición del papa Juan Pablo II, quien ha expresado que esta situación hace pensar en una notable reducción, si no en una total condonación de la deuda internacional que grava el destino de muchas naciones.

Desde la perspectiva de los obispos, el desarrollo consiste en lograr el justo equilibrio entre la administración de los recursos naturales y la búsqueda de una mejor calidad de vida de las personas, tanto en el ser como en el tener. Para llegar a ello se ha de prestar especial atención a los grupos vulnerables, que en México son los campesinos, obreros, indígenas, mujeres, niños-niñas, subempleados y desempleados, que cada día aumentan; ancianos que viven sin pensión económica ni atención de salud alguna; trabajadores migrantes, personas con alguna discapacidad y jóvenes sin esperanza para el futuro, ante los que se cierra toda la oportunidad de educación y trabajo.

Las políticas financieras deben someterse a principios éticos

Los obispos señalan que en caso de que pudiera medirse la sustentabilidad del desarrollo, debería hacerse desde su capacidad para favorecer efectivamente una vida digna para todos, especialmente los empobrecidos, dentro de una justa relación con el medio ambiente.

Por otra parte, dicen, deben buscarse mecanismos para que las actividades económicas absorban los costos ambientales y los bonifiquen a los afectados o a aquellas comunidades que apliquen medidas a favor del medio ambiente. En el mismo sentido, las políticas y mecanismos de los organismos financieros internacionales deben someterse a normas y principios éticos fundados en la dignidad humana, en las exigencias de la justicia social y en el destino universal de los bienes, así como en el respeto a las riquezas naturales y culturales de los pueblos.

Dentro de todo, en estas políticas también debe tomarse en cuenta que el trabajo de la mujer constituye 60 por ciento del trabajo del mundo, pero ellas sólo reciben la décima parte de los ingresos y son propietarias de uno por ciento de las tierras del orbe, dicen los obispos de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López; de Ciudad Cuauhtémoc-Madera, en Chihuahua, Juan Guillermo López Soto, y el auxiliar de Monterrey, Nuevo León, Gustavo Rodríguez Vega.

Señalan que tampoco se puede definir un desarrollo equitativo y sustentable sin tomar en cuenta el papel que tienen las mujeres en la familia mexicana, pues aproximadamente 30 por ciento de los hogares mexicanos tienen a una mujer por cabeza de familia, de modo que la creación de oportunidades para mejorar la calidad de vida, con mejores salarios y servicios de seguridad social y con una mejor distribución de la riqueza, debe tener como punto de referencia la equidad de género.

El ''pecado estructural''

En el papel que debe jugar la Iglesia católica, según el documento, se cita la tarea de denunciar de manera contundente el ''pecado estructural'', así como los excesos que nos recuerdan que no se pueden promover modelos sociales en el orden político, económico o de cualquier otra índole, que atentan contra la vida humana y ponen en riesgo la supervivencia en el planeta.

Los cristianos debemos trabajar para que la nueva arquitectura financiera internacional responda plenamente a los planteamientos del desarrollo sustentable y justo. ''Hoy más que nunca es urgente un modelo de desarrollo que verdaderamente dignifique a las personas y su medio ambiente'', concluyen los jerarcas religiosos.