Martes 05 de febrero de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
Carpeta

Un refrendo a la rectoría estatal en la generación de energéticos

n Sergio Cortés Sánchez
Pretender privatizar la generación de energía eléctrica es una batalla perdida: Ernesto Zedillo lo intentó y sus correligionarios legisladores se opusieron, más por cálculo político que por convencimiento. El anclaje a la soberanía está asociado a la rectoría del estado en la generación de hidrocarburos y en la producción de energía eléctrica. Para nadie está claro cuáles serían los beneficios y, en cambio, hay elementos para estimar el daño que al Estado y a nuestros bolsillos ocasionaría su privatización. También hay evidencia de que existe corrupción, ineficiencia y rezago tecnológico en las empresas que generan el servicio, mucho más en Luz y Fuerza del Centro que en la Comisión Federal de Electricidad. La solución no es la privatización o el aumento indiscriminado del precio del servicio, sino la reducción de costo a estándares internacionales y una eficiente administración. Ni los simpatizantes del PAN en el municipio de Puebla avalan la privatización del sector, tampoco el actual incremento de tarifas del 50 por ciento, ni descalifican al Estado para continuar con la rectoría en la generación y distribución de energía.
El balance actual de la intervención estatal en el sector energético es positivo: el 68 por ciento de los ciudadanos del municipio de Puebla que dispone de teléfono en casa lo considera positivo; el 18 por ciento lo valora negativo, y el 14 por ciento restante no opinó. Hace cuatro años (19 y 20/02/98), en la administración de Ernesto Zedillo, las respuestas de 416 angelopolitanos encuestados telefónicamente fueron las mismas. No es un berrinche de los contreras ni nostalgias de populismos, sino la necesidad de reservarse algunas áreas estratégicas ante una integración creciente que no reconoce soberanías ni poderes formalmente estatuidos. Desglosadas las respuestas emitidas en los últimos cuatro días, el 64 por ciento de los simpatizantes del PAN consideran positivo la intervención del Estado en tanto que el 75 por ciento de los prisitas tiene la misma convicción. En lo referente a la privatización del sector eléctrico, el 61 por ciento la desaprueba, el 29 por ciento la aprueba y el 10 por ciento no emitió opinión (1-4/02/02); hace cuatro años, cuando la iniciativa era de Ernesto Zedillo y de algunos priistas, el 51 por ciento de los angelopolitanos la desaprobó; el 33 la aprobó y el 16 por ciento no opinó. Las bancadas legislativas del PRI y del PRD se oponen a la eventual privatización del sector así cómo al actual incremento de tarifas, por lo que no es descartable una modificación de la iniciativa de Vicente Fox, misma que todavía no se publica en el Diario Oficial de la Federación. Por simpatías de partido, rechazan la privatización el 59 por ciento de los panistas y el 62 por ciento de los priistas (14/02/02).
El consumo promedio declarado por los 648 ciudadanos encuestados recientemente es de cinco pesos diarios por vivienda; una de cada tres familias paga entre 1.66 y 3.33 pesos diarios. Aun así, nadie acepta pagar nuevas tarifas, dicen que el servicio no los vale o que no les alcanza el ingreso para cubrir el diferencial. Del total de ciudadanos encuestados, el 89 por ciento rechaza las nuevas tarifas y sólo el once por ciento dijo estar dispuesto a pagar un aumento, aunque no el propuesto por Vicente Fox, sino un módico 10 por ciento adicional. Desglosadas las negativas al pago, por cada cien panistas (y priistas) hay 90 que se niegan a pagar nuevas tarifas; las simpatías no generaran diferencias al respecto. En cuanto a los subsidios otorgados a ese sector, el 74 por ciento de los angelopolitanos opina que se mantengan iguales; por partido, el 71 por ciento de los panistas y el 76 por ciento de los priistas mantienen esa posición. Los principales argumentos para no pagar esgrimidos por los ciudadanos son que el servicio no vale lo que cuesta y que el dinero no alcanza para pagar los aumentos propuestos. Los que si quieren pagar, dicen que hay que cooperar y que así el servicio mejorará. Además, seis de cada diez angelopolitanos no cree que el sector eléctrico esté en bancarrota, sino mal administrado, con gastos excesivos y muchas fugas (de luz y de numerario). Para el común de los mortales, no es explicable cómo habiendo 23.8 millones de usuarios de energía eléctrica, las empresas que la producen estén descapitalizadas. El incremento de tarifas del 50 por ciento propuesto por Fox debe ser reconsideradas y buscar la reducción del déficit por disminución del costo de producción y de distribución.