Abre la PGR averiguaciones contra ejidatarios de Texcoco

Ť Versiones de que renunció el procurador agrario

RENE RAMON ALVARADO CORRESPONSAL

San Salvador Atenco, Mex., 12 de enero. Según fuentes de la Procuraduría Agraria (PA), el jueves pasado el titular de la dependencia, Valdemar Martínez Garza, renunció al cargo bajo el argumento de que no le permitieron actuar con autonomía en la defensa de campesinos que se oponen al decreto de expropiación. Sería el segundo funcionario que deja el cargo durante el presente sexenio.

En tanto, ejidatarios afectados por la expropiación y construcción del nuevo aeropuerto en los terrenos del ex lago de Texcoco acusaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de negarse a atender la queja presentada el pasado 5 de diciembre contra el gobierno federal, el cual, aseguran, violó sus garantías individuales al no tomarlos en cuenta en el proyecto aeroportuario.

Fuentes de la PA, que pidieron omitir sus nombres, afirmaron que el titular de la dependencia dimitió al considerar que María Teresa Herrera Tello, titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, le impidió actuar con plena libertad y autonomía en la defensa de los núcleos agrarios que aceptaron la representación legal de la dependencia ante los juzgados de distrito, que determinarán si los 19 decretos de expropiación se ejecutaron de manera legal o irregular.

La PA presentó nueve juicios de amparo a favor de siete ejidos que son: Tocuila, Chimalhuacán, Huexolta, San Bernardino, Santiago Cuautlalpan, Nexquipayac y San Martín Nezahualcóyotl, además de otras demandas individuales de campesinos afectados, todas ventiladas en los juzgados quinto y sexto de distrito. Hasta el momento sólo ha logrado la suspensión de plano contra el decreto expropiatorio para el núcleo agrario de Tocuila; pero perdió el juicio de amparo para los ejidatarios disidentes de Atenco.

Indicaron que otra de las causas de la presunta renuncia fue el revés que sufrió la PA en días pasados, cuando el juzgado quinto de distrito, con sede en Nezahualcóyotl, desechó la demanda de amparo que interpuso a favor de unos 330 ejidatarios de San Salvador Atenco, quienes no aceptaron la defensa legal del jurista Ignacio Burgoa Orihuela y se inclinaron por el apoyo de la PA; sin embargo, con la decisión del juez correspondiente, ya no podrán realizar ninguna acción legal contra el gobierno federal.

Valdemar Martínez Garza sería el segundo procurador que deja el cargo durante el presente sexenio. Meses antes de iniciado el conflicto agrario en la región de Texcoco, el entonces procurador, Mauricio Valdés Rodríguez, se separó del cargo tras sostener diferencias con la titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, lo cual ocurrió en mayo pasado.

Tan sólo en diciembre, el secretario general de la PA, Gabriel Morfín Flores, había renunciado por las condiciones adversas de trabajo que se viven en esa dependencia federal.

De acuerdo con los informantes, entre los candidatos a ocupar el puesto vacante figurarían el actual subprocurador general de la PA, Gilberto Hershberger Reyes; el director del Registro Agrario Nacional, Joaquín Contreras Cantú, y el propio Mauricio Valdés Rodríguez, este último oriundo de Texcoco.

La CNDH no responde

Los campesinos del ejido de Acuexcomac, en voz de su abogado, Gonzalo Estrada Cervantes, aseguraron que la CNDH se ha negado a proporcionar información respecto a la queja que interpusieron el pasado 5 de diciembre.

El titular de la defensa de los labriegos recordó que la queja fue recibida por Arturo González, visitador de la CNDH, quien se comprometió a dar respuesta en un lapso no mayor a 15 días; sin embargo, a más de un mes del hecho desconocen qué curso se le ha dado a la queja.

La querella, agregó, se presentó por "violación a los derechos humanos denominados de la tercera generación, a la paz, al desarrollo en sus vertientes económicas, políticas y sociales y culturales y a crecer en un ambiente ecológicamente sano". Aunque confió en que se le dará trámite, pues en los propios decretos se advierte que el procedimiento expropiatorio "se hizo de manera atropellada, lo cual confirmaron los integrantes de la Comisión de la Reforma Agraria, quienes en su dictamen establecieron que el gobierno federal no realizó el estudio de impacto social".

Indicó que el gobierno federal, al no ejecutar un estudio de impacto ambiental, violó el respeto a la propiedad, a la posesión y al desarrollo de los núcleos agrarios de la región, más aún, "no se han realizado las audiencias constitucionales en los juzgados de distrito porque las autoridades responsables no han rendido los informes justificados, lo que demuestra que ha sido un procedimiento expropiatorio exprés".

Este sábado fue un día tranquilo en Atenco, donde desde el pasado 22 de octubre los campesinos mantienen un plantón en protesta por la expropiación de sus tierras y contra la construcción del aeropuerto alterno. Al lugar se presentaron estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, quienes brindaron su apoyo a los ejidatarios inconformes.

Los alumnos de la escuela normal, junto con integrantes del ex CGH de la UNAM llevaron varios bultos de cal, con los cuales borraron algunos grafitis e hicieron pintas alusivas al movimiento campesino.

Por su parte, la agencia informativa Notimex informó que la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) inició dos averiguaciones previas contra los ejidatarios que participan en el movimiento.

De acuerdo con el delegado de la PGR, Juan García Aguilar, una de las denuncias se inició por ataque y obstrucción de las vías generales de comunicación, pues en los accesos de los pueblos, en su entronque con la carretera federal Texcoco-Lechería, se colocaron barricadas; así como daño en los bienes.

Informó que se inició una querella más por la retención de maquinaria de la empresa particular Geotecnia, "que realizaría estudios de impacto de suelo, así como de la retención de dos camionetas de la Luz y Fuerza del Centro con las que se instalarían torres de electricidad" en la zona de Texcoco.