El gobierno de Oaxaca, por medio de un escrito entregado ayer por su titular, José Murat, al presidente Vicente Fox, demandó que la Federación vuelva a hacerse cargo de la educación pública en esa entidad y quede sin efecto el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, suscrito por las autoridades oaxaqueñas con la Secretaría de Educación Pública en 1992, en pleno salinato, y cuando esa dependencia estaba a cargo de Ernesto Zedillo Ponce de León. El mandatario estatal argumentó que Oaxaca carece de recursos presupuestales para asumir los gastos de enseñanza primaria generados por una planta de unos 70 mil maestros, once mil escuelas y casi un millón de alumnos.

Esta circunstancia tiene varios precedentes; el más notable es el de Tlaxcala, cuyas autoridades se declararon, hace dos semanas, en incapacidad de sufragar los salarios de los cerca de 16 mil maestros de educación básica y normal de la entidad, y demandaron al presidente Fox que la Federación se hiciera cargo de los gastos correspondientes. En respuesta, el secretario de Educación Pública deslindó del asunto al gobierno federal y atribuyó al propio Ejecutivo tlaxcalteca las decisiones que han generado el déficit, específicamente a los supuestos compromisos laborales contraídos por el gobierno de Alfonso Sánchez Anaya con los trabajadores de la educación del estado. Adicionalmente, las autoridades de Chiapas, Durango, Guerrero, Michoacán, Puebla y Veracruz han externado sus necesidades de recibir recursos extraordinarios para hacer frente a las demandas salariales y laborales del magisterio.

Los conflictos referidos son indicativos, por una parte, de la persistencia, en el ámbito presupuestal, del espíritu centralista que caracterizó a los gobiernos emanados del PRI. Las transferencias de recursos a las entidades federativas son a todas luces insuficientes, y no sólo en materia de programas educativos, y denotan una voluntad --o, en el mejor de los casos, una inercia-- de mantener, en manos del Ejecutivo federal, atribuciones, poderes y funciones que debieran distribuirse entre los estados, tal y como se prometió incesantemente durante la campaña electoral del actual titular del Ejecutivo.

Por otra parte, y visto el problema de manera retrospectiva, ahora resulta claro que el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, firmado en tiempos de Salinas, y las medidas de descentralización educativa adoptadas en el sexenio siguiente, no eran tanto expresión de una convicción federalista cuanto una maniobra de esos gobiernos para, por un lado, desentenderse de la responsabilidad educativa que la Constitución confiere al Estado mexicano y, por el otro, para que la Presidencia pudiera endosar a otras instancias --los gobiernos estatales-- la permanente presión política y social generada por las insuficientes condiciones laborales y salariales del magisterio nacional. En la medida en que el régimen actual se declara protagonista de la transición, le corresponde, entonces, erradicar la inercia --o la voluntad-- centralista en su propio equipo y desactivar las bombas de tiempo (y el presente conflicto por los presupuestos para la educación distan de ser la única) que heredó del salinismo y del zedillismo.