Las demandas de los pueblos no son cosa que pueda pasar como mero trámite, por mucho que se quieran apresurar o maquillar los resultados, ya, ya, ya. Los ritmos del mundo real no necesariamente siguen las pautas de la propaganda ni el voluntarismo descarado de las encuestas. Ya pasó el tiempo en que el Estado mexicano podía imponer a los pueblos indígenas proyectos, gobernadores, decretos y castigos según su regalada gana.

Vivos, unidos y echados para adelante, los pueblos han ganado con su voz respeto nacional e internacional, y la legitimidad de sus reclamos es hoy incuestionable. El Estado (no importa "qué" Estado sea) tiene en su destino a los indígenas mexicanos. Los regímenes desfilan uno tras otro y el ojo de aguja por el que pasan a la historia se mide en el tamaño de su fracaso para "resolver" la dichosa "cuestión indígena".

Los gobiernos neoliberales de los últimos diez o quince años han traído clavada la espina de los reclamos indios. Y seguirá clavada aunque el Ejecutivo haga la guerra, o le apueste a la descomposición social vía contrainsurgencia y corrupción mientras promete un diálogo que no quiere o no puede llevar adelante. No le queda sino cumplir, o despedirse de la legitimidad a grandes pasos.

Entre la nada tersa puesta en marcha del Plan Puebla Panamá, y la espesa trama de reacomodos coyunturales en que derivó la "ley indígena" próximo pasada al ingresar a los congresos locales, el recurso de alcanzar de panzazo el porcentaje para aprobarla "técnicamente" no basta ya. El gobierno foxista se encuentra en un momento crítico para la viabilidad democrática de su mandato.

Los Acuerdos de San Andrés son compromiso del Estado Mexicano y contienen el consenso nacional mínimo de los indígenas. Y más allá de los vaivenes sexenales, la propuesta de reforma elaborada por la Cocopa sigue siendo el único piso sólido que tiene el gobierno, si no quiere enfangarse entre las contradicciones de su autoritarismo empresarial y el facilismo declarativo con el que cree salir del paso.

Podemos calificar de interesantes los reacomodos de las legislaturas locales en las entidades federativas de gran población indígena y un priísmo desesperado por recuperar de lo perdido lo que aparezca, y de pronto severo crítico de la pretendida reforma foxista, elaborada y sancionada por los senadores y diputados federales del pri. Lo cual no salvó a Michoacán de ser el fatídico "estado 16", y a su congreso de convertirse en el sordo mayor, contra 5 consultas 5 que rechazaron la propuesta de ley foxista.

El espejo de Centroamérica, con su estela de guerras populares mal pacificadas y peor resueltas, no debe ser ajeno a nuestros gobernantes nunca. Es con Guatemala, El Salvador y Nicaragua, entre otras naciones, que se quiere implementar el Plan que, de Puebla a Panamá, será insuficiente para disfrazar la desigualdad, el racismo y la miseria de las mayorías. Los derechos de los pueblos son una inexorable asignatura pendiente de nuestras naciones para presentarse, sin mentir, como "democracias" verosímiles.

La impaciencia, la trivialidad y el olvido son los peores consejeros para cualquier gobierno que presuma de hacer, algo, bien. Cuando dicen "cambio", ¿de qué cambio habla la clase política? Una lección que dan los pueblos indígenas es la del respeto, para ellos sagrado, de la palabra empeñada. Que el Estado aprendiera la lección sería, ese sí, un cambio por encima de la anécdota, y del tamaño de desafío histórico que lo tiene a prueba.

umbral


regresa a portada