Ojarasca 48  abril 2001

Maninaltepec, Oaxaca

Ya no es tiempo
de que nos vengan a mandar

Juan Carlos Martínez


 


La Realidad, Chiapas, febrero 2001

balon

 

Los caciques de San Juan Maninaltepec o La Ermita, no han comprendido que las cosas han cambiado. Ellos pretenden seguir disponiendo arbitrariamente de la tierra y de los zapotecos que han convivido con ella desde tiempo ancestral. Tal como lo hicieron sus antepasados desde 1913, los actuales caciques pretenden seguir ejerciendo su dominación a través de la violencia, al margen del derecho y utilizando el aparato del Estado para legitimar el despojo y la represión.

Los que hoy visiten esta apartada comunidad encontrarán que los zapotecos que la conforman dan testimonios como el siguiente:

Cuando vino el señor César González a la agencia, cuando apenas él llegó, nosotros lo citamos y dijo: yo vengo aquí porque aquí es mi tierra y aquí voy a estar y aquí ustedes van a hacer lo que mando yo. Nosotros le dijimos que ya no es tiempo de que nos vengan amandar, sino que nosotros tenemos que defender nuestro derecho. ¿Cómo va a venir a mandar alguien si ni lo conocemos?
Este testimonio fue recabado por la misión civil de observación que visitó la zona, a finales del pasado mes de marzo, alarmada por los reportes que indicaban la posibilidad de violencia.

Maninaltepec se encuentra hoy enfrentada con las autoridades del municipio de Santiago Choapam y del gobierno del estado de Oaxaca, quienes se niegan a reconocer a los representantes comunales, encabezadas por Idelfonso Santiago, electos en asamblea general, de acuerdo a los usos y costumbres reconocidos por la legislación oaxaqueña, el pasado 28 de octubre. El presidente municipal de Santiago Choapam en lugar de acatar la decisión comunal, ha presionado para que se realice una nueva asamblea en la que se designe como representante a la persona que impulsa la familia de caciques Díaz Grijalva, todo ello amparado por el gobierno del estado encabezado por José Murat.

Ante la actitud del presidente municipal de Santiago Choapam, Oaxaca, la comunidad acudió al delegado de gobierno en Ayutla, Mixe, y al subsecretario de Desarrollo Municipal del Estado de Oaxaca, Joaquín Rodríguez Palacio, quienes tienen facultades para subsanar la agresión que el presidente municipal de Choapam viene cometiendo en contra de los derechos de esta comunidad indígena. Pero la respuesta fue contraproducente, aliadas al grupo de los caciques, las autoridades oaxaqueñas han iniciado una campaña sistemática de agresión en contra del pueblo de Maninaltepec, fabricándoles delitos inexistentes, obligándoles a entregar sus acreditaciones como autoridades y negándoles los recursos federales, estatales y municipales necesarios para combatir la extrema pobreza en la que vive esta comunidad zapoteca.

Detrás del conflicto por el nombramiento de las autoridades (que la misión civil de observación, conformada por organismos de derechos humanos, califica como una "violación de la libre determinación del pueblo") está una disputa agraria entre la propiedad de la comunidad que se ampara en un título primordial expedido en el siglo xviii y el título de pequeña propiedad perteneciente a la familia Díaz Grijalva, obtenido a finales del porfiriato en la época de los grandes despojos a las comunidades indígenas amparados por las leyes de Reforma. De acuerdo a testimonios de personas de la comunidad, la familia Díaz Grijalva pretende desplazar a sus habitantes a la Loma Carrecillo, una zona a la que sólo se puede acceder caminando durante tres horas, además de ser mucho menos fértil y que carece de los servicios y el camino que la comunidad ha introducido en su asentamiento actual. Los Díaz Grijalva han cercado 700 hectáreas que la gente de la comunidad había venido trabajando y ha impedido a muchos de los comuneros sembrar durante varias cosechas. A medida que se aproxima la siguiente temporada de siembra se agudiza el conflicto que amenaza con generar graves consecuencias.

Según los datos recabados por la misión de organismos de derechos humanos integrada por el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, el Movimiento Ciudadano por la Democracia y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Maninaltepec ha estado sometida por los caciques a un régimen de servidumbre, esclavitud y despojo. Así relató el comunero Apolinar Díaz cuál era la relación de los Díaz Grijalva con los comuneros:

Antiguamente muchos se fueron porque les quitaron sus tierras, otros se sometieron a ser sus sirvientes con un sueldo muy bajo, malos tratos, obligándolos a trabajar forzosamente bajo sus órdenes. Los hacen trabajar y no les pagan, los emborrachan y abusan de las mujeres. Se someten para sostener a su familia. Antes si no trabajaban para ellos se metían a sus casas y los golpeaban, o los corrían o les quitaban todo lo que tenían. La mejor cosecha se la tenían que dar a esos señores y no tenían derecho a vender sus productos a otras personas. Ahorita hay compañeros que trabajan para ellos, bajo sus órdenes, y de sol a sol, se van amaneciendo y ya regresan en la tarde. Hay un cafetal, cuya tierra la trabajaba anteriormente el señor Lucio, quien fue despojado por los Díaz. Tiempo después el señor se fue, dejando su siembra, salió para no pelearse.
A partir de 1986 el cacicazgo se empieza a derrumbar por la denuncia de que los pequeños propietarios habían sembrado diez hectáreas de marihuana. Los plantíos fueron destruidos por el Ejército Mexicano; los Díaz Grijalva nunca perdonaron a la comunidad haber hecho la denuncia y huyeron temporalmente de la zona.

Un comunero con el nombre de Celestino declaró a la misión de observación una frase que resume cómo se vive la actitud caciquil en muchas de las regiones indígenas de México: "Les duele más que se muera su bestia que matar a un campesino".

Actualmente las 4 400 hectáreas de la comunidad están bajo litigio ya que desde 1996 los comuneros lograron restituir el procedimiento agrario a su favor, respaldados por su título primordial que data de 1718, en contra de la pequeña propiedad en manos de la familia Díaz Grijalva.

Hoy, mientras los comuneros se preparan para sembrar y los pequeños propietarios aceleran los trabajos para cercar las tierras de cultivo (tan sólo el 28 de marzo se avanzó un kilómetro en el levantamiento de la alambrada) la comunidad de Maninaltepec, apoyada por organismos civiles, demanda que:

a) se respeten los resultados de la elección comunitaria de Maninaltepec de octubre del año 2000.

b) se retire el alambrado y se investiguen conforme a derecho los hechos ilícitos y fincar responsabilidades correspondientes.

c) se mitigue el daño ocasionado a la comunidad en torno a su derecho a la alimentación y el desarrollo que han sido agravados a partir de junio de 1999.

d) se restituya su derecho a la tierra de la comunidad mencionada.

e) se entreguen los recursos federales, estatales y municipales correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001, correspondientes a la Agencia Municipal.

f) que las comisiones nacional y estatal de derechos humanos investiguen las violaciones a los derechos humanos cometidas por las diferentes autoridades con el fin de impedir que éstas sigan sucediéndose en contra de los pueblos indígenas.
 

Los comuneros de San Juan Maninaltepec o La Ermita-Maninaltepec ya no están dispuestos a "salirse para no pelearse"; saben, como muchos indígenas fuera y dentro de Oaxaca, que la manera de vivir en paz es hacer que se respeten sus derechos individuales y colectivos.
 
  


Juan Carlos Martínez, abogado del Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC

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