México y otros 12 países contienen en sus territorios el 80 por ciento de la biodiversidad mundial; nuestro país tiene el 10 por ciento de las especies de plantas y animales totales. Pese a que este patrimonio natural mexicano está íntimamente ligado al patrimonio cultural y al conocimiento y uso que los pueblos indios le han dado históricamente a los recursos naturales, se le sigue negando a los pueblos indios --para su beneficio y desarrollo-- el derecho de propiedad sobre ellos.

Desde hace 9 mil años los pueblos mesoamericanos empezaron la domesticación de plantas y animales, guardaron una relación de convivencia con la Madre Tierra, aprovecharon y manejaron las selvas primarias y acahuales, establecieronjardines para distintos fines y normas severas para su protección. Esta relación cultural se truncó durante la Colonia, se agudizó su despojo en el México Independiente con la Ley de Desamortización de Manos Muertas y finalmente, con la Constitución de 1917, se le arrebataron a los pueblos indios sus territorios. Las tierras y los recursos naturales pasaron a ser de la Nación. Su estructura jurídica, política, social y económica como pueblos fue desconocida.

El proceso de destrucción de los ecosistemas forestales tuvo varias causas y factores, pero siempre ligadas a las políticas y a las formas de explotación de las tierras y recursos naturales, por parte de los invasores, los terratenientes y hacendados, las empresas nacionales y extranjeras y, el propio gobierno en turno.

En la actualidad, el 90 por ciento de la superficie del bosque tropical de nuestro país ha desaparecido, el 80 por ciento del territorio nacional tiene diversos grados de erosión. Una publicación de Cipamex de 1997, refiere que el 99.4 por ciento del bosque antiguo de pino-encino de la Sierra Madre Occidental ha desaparecido y se encuentra perturbado como habitat de plantas y animales. Lo anterior ha provocado que 40 especies estén extintas, entre ellas el carpintero imperial; además, 4 mil especies están amenazadas de extinción.

Las medidas para detener la destrucción de los bosques, se inició en México en 1876 con la Reserva Nacional "Desierto de los Leones", siguiendo la declaración de Yellowstone como Parque Nacional, hecha en 1872 por el presidente Grant de los Estados Unidos. La parte negativa que se copió y reprodujo en México desde entonces fue la racista y autoritaria, que consideraba la existencia y protección del área natural sin gente y sin la participación de las mismas, y tenía como objeto el abastecimiento de agua a la ciudad de México, además del esparcimiento para sus habitantes. La parte positiva que no se copió (como lo señala Fernando Vargas), fue que en México no se restringieron los usos del suelo y los aprovechamientos forestales dentro de los parques.

Como política e instrumento de conservación, sobre todo en las zonas templadas, los parques nacionales tuvieron un fuerte impulso en la década de los treinta, cayendo pronto en el abandono e irresponsabilidad oficial. En los setenta se impulsaron en nuestro país otros instrumentos de conservación como las reservas de la biósfera. En la década de los ochenta, la superficie de las áreas naturales protegidas (ANP) cubría únicamente el 1 por ciento del territorio. Lo anterior significa que el 99 por ciento del territorio careció de una política e instrumentos de conservación ambiental. A principios del año 2000, la superficie de las ANP cubren el 7 por ciento del territorio que corresponde a 13.88 millones de hectáreas. ¿Qué pasa en ellas?

En nuestro país existen 386 ANP, de las cuales 123 son responsabilidad de la federación, y de ellas 119 se consideran prioritarias, sólo a 52 se atiende a nivel piloto y, apenas a un poco más de una decena se atiende con especial interés. Cuatro anp cuentan con apoyo del Banco Mundial en la frontera norte: Los Ajos recibe apoyo del gobierno de los Estados Unidos; El Vizcaíno lo apoya el gobierno español, además de empresas privadas como Ford; Río Lagartos recibe apoyo de Bimbo; Chinchorro de AHMSA. Izta-Popo recibe apoyo de Nestlé. El Golfo de California recibe financiamiento internacional con fondos GEF-BM; El Triunfo obtiene recursos GEF-BM, el Corredor Biológico Mesoamericano tiene apoyo de GEF-BM; La Sierra Gorda de GEF-PNUD, igual pasa con 24 Proders. El Carricito Huichol recibe apoyo de Pronatura AC., y El Edén, Yum Balám y la aANP Alfredo V. Bonfil reciben apoyos privados.

El GEF es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Constituido en 1992, cuenta con aportaciones de 166 países, y es el mecanismo financiero de la Convención de Diversidad Biológica, la Convención Marco de Cambio Climático y el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad. Se coordina a través de un Secretariado que está en Washington y lo instrumenta el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y el Banco Mundial (BM).

De 1992 a 2000, se han aplicado en las ANP de México 63 millones de dólares del Fondo GEF; de 2000 a 2007 se habrán ejercido otros 70 millones de dólares del GEF. ¿En qué se han aplicado, quién lo decide y cuál ha sido su resultado? Durante 1993, 94 y 95 en 11 ANP (entre ellas Montes Azules y El Vizcaíno en donde opera Conservación Internacional y los hermanos de la Maza Elvira), se ejercieron 31.9 millones de dólares, para apoyar la administración mediante el pago de los costos de inversión: equipo, estudios, centros de información, asesores, especialistas y talleres, y los costos recurrentes (salarios, materiales, servicios generales y contingencias operativas). Todos los recursos fueron para la administración y claro, también se buscaba "en la medida de lo posible beneficiar a la gente local". El criterio anterior se aplica en los Programas Operativos Anuales de Montes Azules, como el de 1996 en sus 6 proyectos, los cuales tuvieron nulos resultados para la conservación y protección.

A partir de 1995 el Instituto Nacional de Ecología (INE), con apoyo de Conservación Internacional (CI), el BM, la World Wildlife Fund (WWF) y The Nature Conservancy, inició la identificación de las ecorregiones prioritarias, participando desde 1996 la Conabio, Pronatura, el Fondo Mexicano para la Conservación, académicos y ongs. En sus resultados nos dicen que existen 156 regiones de relevancia biológica por conservar. Sin embargo, en la programación y acuerdos para el ejercicio de los Fondos GEF 2000 al 2007, se decide aplicar 31.10 millones de dólares en el fortalecimiento institucional de Sistema de las ANP; 15.20 mdd. para el diseño y administración del Corredor Biológico Mesoamericano (con CI); 15.65 mdd. para los Tuxtlas, La Chinantla y la Montaña de Guerrero (con la participación del PAIR de Julia Carabias), invertidos en el fortalecimiento de la estructura institucional, la administración, la planeación y el monitoreo; 6.733 mdd. para la administración de la Sierra Gorda, y 7.5 mdd. para la administración, capacitación e inversión en tres zonas más. Por separado pero no desvinculados, se financian proyectos de bioprospección, plantas medicinales, adecuación del marco normativo para la regulación y apropiación de la biodiversidad genética, e investigación en agrobiodiversidad.

Los datos anteriores nos dicen que el Sistema de ANP cubre una superficie menor del territorio, no todas las ANP están atendidas por el gobierno y pocas cuentan con apoyos internacionales, que a fin de cuentas absorben sus aparatos administrativos. En las ANP y en el resto del territorio se están extrayendo los recursos genéticos propiedad y conocimiento de los pueblos originarios.

La política de conservación en el país no ha sido la correcta y no existe en la planeación nacional, programas y acciones del gobierno y particulares en todas las ramas productivas.

Las anp deben de estar en manos de los ejidos y comunidades, manejadas y administradas por ellos. Reconociendo como propietarios con derechos sobre los recursos genéticos a los indígenas. Pero además, los recursos naturales y genéticos deben de ser declarados estratégicos y regulados para el desarrollo soberano e independiente de México.