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Rechazamos los simulacros de salvación
A partir de los resultados
de las elecciones federales del pasado 2 de julio, y ante el cambio de
régimen que aventura un cambio sustancial en todos los ámbitos
de la vida nacional, las y los mexicanos nos encontramos ante la necesidad
de transitar a espacios de libertad y democracia que permitan el reconocimiento
y el ejercicio de todos los derechos para todos los sectores que no han
gozado de ellos de manera plena: los pueblos indios y las mujeres, particularmente.
Ante este nuevo panorama se han planteado
diferentes iniciativas que apuntan a una reforma del Estado, que contempla
cambios para el país que pueden significar avances y retrocesos.
Los pueblos indios, y en especial las mujeres,
están ante una encrucijada: o nos abrimos verdaderos espacios de
participación y decisión como un primer paso para el reconocimiento
de nuestros derechos y autonomía o entramos en el juego de simulaciones
de participar en la elaboración de nuevas políticas de gobierno,
sin ir al fondo de la problemática indígena y de las mujeres.
Las mujeres indígenas nos preguntamos
si con el cambio de gobierno y la nueva oferta que hace el próximo
será que las políticas actuales hacia los pueblos indios
cambiarán, si se considera que aún hoy la población
indígena femenina de diversas regiones del país sigue padeciendo
el monolingüismo, el analfabetismo, el bajo nivel de educación
escolar y la extrema pobreza, condiciones que limitan la capacidad de decisión
en muchos aspectos fundamentales de la vida.
De igual manera, hay poca o nula información
sobre el ejercicio de los derechos reproductivos para decidir acerca de
cualquiera de los métodos anticonceptivos, y la decisión
respecto a la reproducción se ha visto afectada por los programas
gubernamentales, como Progresa o Procampo.
Hay que agregar a esta situación
la presencia militar que ha aumentado en muchas regiones indígenas,
no solamente en Chiapas, presencia que ha provocado abuso sexual y en algunos
casos violaciones por parte de elementos del Ejército mexicano hacia
las indígenas.
En lo relativo al ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos, las poblaciones indígenas en México
presentan las tasas más altas de fecundidad, mortalidad materna
y mortalidad infantil en el país. De acuerdo con los datos más
recientes, la tasa global de fecundidad entre poblaciones indígenas
es de 4.1 hijos por mujer, mientras que el promedio nacional en 1997 fue
de 2.8 hijos por mujer. La tasa de mortalidad materna entre poblaciones
indígenas es de 6.1 muertos por 100 mil nacidos, en comparación
con el promedio nacional calculado en 1995, que fue de 4.8 muertos.
Respecto a la presencia militar, aun cuando
el Estado mexicano se niega a reconocer una situación de guerra,
tanto Chiapas y otros estados con fuerte presencia indígena presentan
un alto grado de militarización, que revela una guerra de baja intensidad.
Situación que ha dado como resultado la ruptura del tejido social
y ha provocado el ejercicio de la violencia como un mecanismo para resolver
los conflictos.
La instalación de campamentos militares
por parte del Ejército mexicano se ha vuelto una práctica
común dentro de las comunidades rompiendo la vida cotidiana de éstas;
el hostigamiento sexual, la prostitución, el alcoholismo y la drogadicción
son nuevas formas de relación entre las comunidades indígenas,
minando esto la salud emocional y fisiológica de la población,
siendo sometidas al control de la estructura militar y a una vigilancia
constante, trastocando y resintiendo el buen vivir de las poblaciones.
Así encontramos que los 10 millones
o más de habitantes que representamos los pueblos indios tenemos
necesidades no resueltas ni satisfechas y menos traducidas en términos
de derechos para un real ejercicio de nuestra ciudadanía. Ello explica
entonces por qué seguimos reclamando nuestro derecho a ser reconocidos
como sujetos de derecho en el marco de la actual reforma del Estado.
De ahí que llamamos al presidente
electo Vicente Fox a dar cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés
para establecer una nueva relación política hacia las poblaciones
indígenas y que debe concretarse conforme a la propuesta de reforma
impulsada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa)
sobre derechos y cultura indígena.
Así mismo demandamos el retiro del
ejército de Chiapas y de todos los territorios indígenas
del país, así como la desaparición de cuarteles que
fueron construidos de manera arbitraria. De igual manera exigimos que se
cumplan las condiciones planteadas por el EZLN para la reanudación
del diálogo y la negociación en Chiapas.
Ante los supuestos compromisos asumidos
por Fox con diversas organizaciones y representantes indígenas,
para la elaboración de su programa de gobierno, nosotras creemos
que la problemática de los pueblos indios no se resuelve con este
tipo de medidas, ya que es un problema estructural de fondo. Hoy los 56
pueblos indios seguimos teniendo necesidades no resueltas ni satisfechas
y menos traducidas en términos de derechos para un real ejercicio
de nuestra ciudadanía. Ello explica entonces por qué seguimos
reclamando nuestro derecho a ser reconocidos como sujetos de derecho en
el marco de la reforma actual del Estado, y no como simples agregados.
El asunto no se resuelve con simples reformas institucionales o con la
creación de consejos, cuando sabemos que la atención a los
problemas de los pueblos indígenas atraviesa primero por una reforma
constitucional que signifique el pleno derecho de los pueblos indios y
que cualquier iniciativa tiene que partir del consenso y la discusión
de todas las organizaciones y con una clara representación de mujeres,
en condiciones de equidad. Nosotras estamos convencidas de que hoy en este
país no habrá transición a la democracia, ni reforma
del Estado, sin la participación de nuestros pueblos indígenas
y las mujeres.
En el marco de la discusión de la
reforma del Estado exigimos una mesa específica como mujeres donde
se aborden los temas de las mujeres mexicanas, tanto mestizas como indígenas
y de igual manera solicitamos una mesa para los pueblos indios donde se
discuta y analice nuestra problemática.
Para nosotras la autonomía de nuestros
pueblos quiere decir la paridad, democracia y equidad entre hombres y mujeres,
entre indígenas y no indígenas, es decir entre todos los
seres humanos, y sobre todo, que se reconozcan nuestros derechos como pueblos
originarios que somos.
Por último, ante la discusión
y las iniciativas que se han ido adoptando en torno a la problemática
del aborto, consideramos que en tanto mujeres somos afectadas de manera
directa, y creemos que es necesario que se pueda legalizar el aborto en
los términos que corresponde a un problema de salud, es decir en
casos en que la madre tenga una enfermedad contagiosa o incurable que afecte
al producto y en los casos de una violación; denunciamos que la
presencia del ejército en nuestras comunidades ha dado como resultado
violaciones por parte de militares a hermanas indígenas, y no creemos
justo tener hijos de militares y menos a la fuerza.
Hoy nosotras como mujeres indígenas
reclamamos el derecho a tener voz, tierra, salud y al reconocimiento de
una autonomía que tenga una visión de género, con
rostro y conciencia de mujer y así poder reconstruir la mitad femenina
de una comunidad que ha sido olvidada y desde ahí construir como
sujetas con derecho, es decir, ser ciudadanas en nuestro propio país.
Hoy clamamos con voz clara "las mujeres indígenas
somos la mayoría de los pobladores de nuestros pueblos y no queremos
seguir siendo la sombra de lo que hacen los hombres".
México DF, 27 de septiembre de 2000
Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas
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