La Jornada Semanal, 25 de junio del 2000



Adelfo Regino Montes

La cuestión electoral desde la visión indígena

Adelfo Regino analiza en este ensayo las características de las siniestras operaciones de coacción e inducción del voto que llevan los peregrinos nombres de ``operación tractor'' y ``voto verde''. Estas delictuosas maniobras afectan a los ciudadanos de las naciones indígenas y son una nueva versión de las estrategias utilizadas por la CNC y los caciques locales. El maestro Regino, distinguido miembro de la nación mixe, nos habla de la necesidad de mantener ``la coexistencia de dos formas de concebir y ejercer la actividad política''. Para asegurar esta coexistencia, Regino propone una ``redistritación electoral, tomando en cuenta el criterio étnico. Sólo así podremos hablar de una democracia capaz de abrigar todas las formas de democracia existentes en nuestra sociedad''.

Las instituciones políticas [...] de estos pueblos, en algunos aspectos semejantes a las ciudades griegas primitivas y en otras al colectivismo germánico, deben ser estudiadas y comprendidas sin las deformaciones producidas por la soberbia de una pretendida superioridad cultural. Las aspiraciones democráticas de México, nunca satisfechas, pueden nutrirse con las despreciadas tradiciones hispano-indígenas de las sierras oaxaqueñas.

Iñigo Laviada, Los caciques

de la sierra, 1978.

En estos días, el país vive uno de los procesos electorales más competidos, como pocas veces se había visto en el escenario nacional, que en los centros urbanos adquiere dimensiones álgidas y en las zonas rurales indiferencia e indignación. Un proceso en el que los diversos actores políticos, fundamentalmente las instituciones electorales y los partidos políticos, han puesto a la luz pública los aciertos y defectos de un sistema eleccionario que, sin ser definitivo -tal como han aclamado algunos-, sí ha excluido de una manera tajante a los pueblos indígenas, en tanto sujetos colectivos.

Más allá de la opción del voto individual que todos tenemos, incluidos los indígenas mexicanos, y de que, con seguridad, muchos de esos votos serán producto de la manipulación y la presión ejercidas desde los diversos círculos gubernamentales para favorecer al ``candidato oficial'', algunas interrogantes que siguen sin respuesta son: ¿Por qué el Estado mexicano y su sistema electoral actual han excluido a los pueblos indígenas? ¿Basta el simple voto individual y momentáneo, tal como hoy está concebido por las leyes, para construir la representación indígena en los ámbitos de decisión estatales y nacional? ¿Cuáles son las alternativas y los horizontes para que los diversos sistemas políticos de elección puedan coexistir sin excluirse mutuamente? Estas reflexiones van con el ánimo de aportar ideas para ir despejando, en medio de las tormentas actuales, un camino que nutra las diversas aspiraciones políticas de todos los mexicanos.

Dos sistemas políticos diferenciados

Fieles al movimiento de la ilustración y del renacimiento europeo, los ``fundadores'' del Estado mexicano diseñaron, desde 1824, un sistema de organización jurídico-político basado en la voluntad libre e individual de sus habitantes, para que, a partir de ella, se empezara a edificar toda la estructura del naciente Estado. Desde entonces, para ponerle una etiqueta a esa voluntad libre e individual se creó la figura del ciudadano. De igual modo, se dio origen a un conjunto de formas y mecanismos mediante los cuales el ciudadano, libre e individualmente, podía asociar su voluntad personal a una voluntad colectiva, para dar origen a un gobierno que representara los intereses de sus integrantes. En el marco del Estado naciente, a cada ciudadano correspondía un voto, ya sea como prerrogativa, según el artículo 35, fracción I, o como obligación, conforme al artículo 36, fracción III, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sólo a partir de ella podía legitimarse el poder público.

A su vez, para constituir y renovar periódicamente el poder público, el régimen instituyó la realización de ``elecciones libres, auténticas y periódicas'', exclusivamente a través de los partidos políticos, definidos en la Constitución como ``entidades de interés público... y que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones del ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios, e ideas que postulan, y mediante sufragio universal, libre, secreto y directo''. De esta forma, la llamada ``democracia representativa'' se abrió camino en tierras mexicanas.

Pero en los diversos rincones de México se mantenía -e incluso crecía- otra forma de concebir y hacer política. En estos rincones, los pueblos indígenas del país, se encargaban de poner en práctica la idea de que si bien ``la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo'', ésta se construye cotidianamente y en forma colectiva. Estos pueblos siempre pensaron que era exagerado que una sola persona fuese la depositaria de la voluntad de todo el conjunto. Sabían que el poder debía existir en forma real y efectiva en la comunidad (poder comunal) y no sólo en las instituciones que la representaban, como suele ocurrir en las sociedades estatales. Desde entonces hasta hoy, estos pueblos han demostrado que el poder no se ejerce en un solo acto y momento abstractos, sino que es algo que se va asumiendo de manera permanente en los espacios de decisión y lugares de servicio público. Por eso, estos pueblos instituyeron la Asamblea como la ``máxima autoridad de la comunidad [...] para discutir y resolver los asuntos de importancia internos y externos, en beneficio de la comunidad''.

A partir de la institución de la Asamblea, los pueblos indígenas han construido una forma de pensar y ejercer el poder, que sólo puede ser tal si es colectivo, y su ejercicio es una responsabilidad común. En este sentido, la autoridad sólo puede ser entendida como aquélla que coordina los esfuerzos colectivos. De este modo, las comunidades instituyeron un sistema de cargos en el que los ciudadanos van aprendiendo la forma y la manera de servir a través de la experiencia, en tanto van prestando sus servicios gratuitos a la comunidad en un orden ascendente. En lo que respecta a la toma de decisiones, ya sea para nombrar y renovar autoridades o para otro tipo de asuntos, el consenso es la fórmula elemental. El consenso implica que todas las opiniones de los ciudadanos son armonizadas para obtener un acuerdo común en los asuntos fundamentales. Evidentemente, en esta lógica política no existen mayorías y minorías, ya que el consenso es de todos y no de un determinado sector de la ciudadanía. Sin embargo, con la injerencia de los partidos políticos y las instancias gubernamentales en los pueblos indígenas, la cultura del consenso se ha ido minando y ha aumentado la lógica política estatal en donde, entre otras cuestiones, hay una mayoría y una minoría que provoca fracturas, divisionismos y confrontaciones internas.

En México han existido dos formas de concebir el poder y dos sistemas para ejercerlo. Por un lado, el sistema estatal, producto de la tradición jurídica romano-francesa, y, por otro, el sistema político de los pueblos, que, siguiendo la tradición propia, ha hecho posible la denominada ``democracia directa''. El sistema estatal es válido formalmente, pero no es eficaz en su integralidad, lo cual puede constatarse por los altos niveles de abstencionismo en las diversas regiones indígenas del país. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, en el Distrito Electoral XX con cabecera en Tamazulapan Mixe, que abarca veintitrés municipios mixes, zapotecos y chinantecos, en las elecciones para nombrar diputados locales en 1998, el nivel de abstencionismo alcanzó el 52.03%. Esta es una situación que se repite en otros distritos electorales con población mayoritariamente indígena.

El sistema político de los pueblos indígenas tiene una alta eficacia en los hechos, tal como puede apreciarse en numerosos lugares del país, pero es excluido y negado formalmente en la Constitución y otras leyes mexicanas, aunque tales documentos deberían reconocer la situación social. Si estamos convencidos de lo anterior, estamos obligados a superar esta exclusión, que sin duda tiene profundas raíces filosóficas, históricas, culturales y políticas. De no hacerlo, no sólo nos exponemos a seguir contabilizando los altos índices de abstencionismo, sino que la confrontación puede tomar características más preocupantes para todos, en especial en los procesos electorales estatales y federales, ya que en estos niveles las diferencias, las incompatibilidades y las agresiones son más agudas. Mientras tanto, por tener un sistema político electoral que excluye, los pueblos indígenas, en tanto pueblos, estaremos ausentes de las elecciones federales del 2 de julio.

Los vicios del sistema electoral actual

El sistema electoral actual no sólo excluye a los pueblos indios, sino que, en las condiciones actuales, los vuelve susceptibles de manipulación y abuso. La responsabilidad primera de gobierno, partidos e instituciones electorales parte del hecho mismo de no entender que la lógica política electoral de los pueblos indígenas es otra y, al no entenderse esta realidad, es excluida automáticamente. Además, se dejan abiertas todas las posibilidades reales para convertir a los pueblos en objetos de disputa, dado que muchos de los actores políticos, fundamentalmente el PRI, están acostumbrados a violar la ley. En este sentido, para algunos partidos políticos los pueblos indígenas son parte del ``voto verde''; para otros, son sujetos de la ``operación tractor''. Los siguientes testimonios acreditan este tipo de manipulación electoral, cuyo principal responsable es el PRI: a) El 8 de junio del presente año, ante autoridades electorales y medios de comunicación, Roberto Cuevas Hernández, Jorge Cardozo Guzmán y Gregorio Antonio Enríquez, agentes municipales del Municipio de San Juan Lalana, denunciaron a su Presidente Municipal porque éste convocó a votar ``a fuerza por Ulises Ruiz y por Cándido Coheto Martínez para que nos entreguen los recursos municipales y valgamos como autoridades''. Agregaron que ``no estamos conformes con la actitud delictiva del presidente municipal de San Juan Lalana, Antonio García López, y por ello presentamos formal denuncia, para que previo al proceso que se le instruya sea castigado conforme a la ley''. Es evidente que, en este caso, a través de las llamadas Delegaciones de Gobierno, el pri está utilizando a los presidentes municipales para favorecer injusta e ilegalmente a los candidatos oficiales. b) El 31 de mayo del año en curso, el ilegítimo Presidente Municipal de Quetzaltepec Mixe, Gabino Sánchez Vásquez y una parte de su cabildo, dirigieron un escrito al Gobierno del Estado en donde afirmaron: ``En lo que respecta al Palacio Municipal, el cual no lo tenemos desde hace cinco meses, no obstante que tenemos la razón, el pueblo en una asamblea determinó dar al GobiernoÊuna semana de plazo para que se abriera y que si no lo abría, no se instalarían las casillas, y sin embargo, en otra asamblea general, hicimos ver a los comuneros y comuneras de las sugerencias que usted nos dio y los convencimos a no pelear la apertura del palacio, y de votar a favor de nuestro partido y como consecuencia llevaremos a la silla presidencial al Lic. Francisco Labastida Ochoa...'' ¿Qué duda puede quedar sobre la utilización de los votos de nuestros pueblos en la actual contienda electoral? ¿Y qué están haciendo al respecto las instituciones encargadas de evitar este tipo de anomalías?

Ciertamente tenemos un país en el que las medidas y los controles legales establecidos formalmente están siendo rebasados por la realidad, en donde sólo parecen funcionar la manipulación, el engaño, la coacción, entre otros, como mecanismos para llegar al poder. Frente a esta realidad, ninguna institución del Estado responde con la suficiente autoridad para poner un alto a este tipo de situaciones, en las que los pueblos son los más afectados, en virtud de que los saldos de confrontación y conflictos que genera un proceso electoral repercutirán a futuro en toda la estructura comunitaria. Mientras esto siga sucediendo, los responsables reales de la confrontación continuarán saboreando las mieles de un sistema político electoral excluyente y atomizante.

Los caminos de la coexistencia

Si en los hechos se ha dado la coexistencia de dos formas de concebir y ejercer la actividad política, particularmente la relacionada con la cuestión electoral, hoy en día no existen razones para seguir negando el reconocimiento constitucional, legal e institucional de esta realidad diversa. No sólo se trata de reconocer las concepciones, normas e instituciones que los pueblos tienen para ejercer la actividad política, en especial lo relativo al nombramiento de sus autoridades comunales y municipales, sino que se tiene que ir más allá. Es decir, las formas democráticas que hoy practican muchos pueblos en el ámbito comunal y municipal, tienen que ampliarse para su ejercicio pleno en el ámbito regional, a fin de que desde este plano se construya la representación indígena de dichos pueblos, tanto en los congresos locales como en la legislatura federal.

No basta, entonces, con que los diversos partidos políticos postulen como candidatos a los integrantes de los pueblos indígenas, ya que acaban haciendo lo que sus partidos mandan y no lo que los pueblos quieren. Empieza a quedar claro que, en una sociedad diversa y plural, los partidos políticos ya no pueden ser los únicos canales para la construcción de la representación ciudadana. En diversos sectores de los pueblos existe el convencimiento de que es totalmente posible la democracia comunitaria en ámbitos regionales; de que sus mecanismos de nombramiento y elección de autoridades comunales y municipales pueden ser los referentes fundamentales para construir la representación regional de los pueblos, y de que a partir de esta instancia regional los pueblos pueden estar efectivamente representados en los ámbitos de decisión estatal y nacional.

Para lograr esto hace falta la voluntad política del gobierno, los diversos partidos y las instituciones electorales. De hecho, en los Acuerdos de San Andrés, el gobierno federal se comprometió a ``impulsar cambios jurídicos y legislativos que amplíen la participación y representación políticas, local y nacional, de los pueblos indígenas, respetando sus diversas situaciones y tradiciones [...] El reclamo de que las voces y demandas de los indígenas sean escuchadas y atendidas debe llevar al reconocimiento de derechos políticos [...] de los pueblos indígenas dentro del marco de una decisiva reforma del Estado en materia de prácticas institucionales''. Por otro lado, al acordarse el tema de la participación y representación políticas, se consideró conveniente prever a nivel constitucional los mecanismos que: a) aseguren la representación política adecuada de las comunidades y pueblos indígenas en el Congreso de la Unión y en los congresos locales, incorporando nuevos criterios en la delimitación de los distritos electorales que correspondan a las comunidades y pueblos indígenas; y b) permitan su participación en los procesos electorales sin la necesaria participación de los partidos políticos.

Redistritación electoral, tomando en cuenta el criterio étnico, y no intervención de los partidos políticos, son los dos mecanismos concretos que se proponen para crear los caminos que hagan posible, desde los hechos y desde la ley, la representación de los pueblos indígenas en los congresos locales y el Congreso Federal. Sólo así podremos iniciar la compleja tarea de lograr la armonización de dos sistemas políticos diferenciados, y sólo así podremos hablar de una democracia capaz de abrigar todas las formas de democracia existentes en nuestra sociedad.