Levantamiento popular en Ecuador
Breve alcance planetarioecuador-protesta-ejercito-j
Guayaquil, Ecuador, 21 de enero de 2000.
Foto: Hierro Lee/AP
Entre el 6 y el 22 de enero de este año, un levantamiento indígena, sindicalista y popular sacudió los cimientos del tejido social ecuatoriano y, revocando el mandato del presidente Jamil Mahuad, logró instalar durante unas horas una junta cívico-militar.

En este extraño episodio de la historia reciente de la región, resalta que un nutrido grupo de mandos medios de las fuerzas armadas ecuatorianas se haya sumado al levantamiento. Su generosidad --en un intento por no sumir al país en un baño de sangre-- los llevó a instar a sus altos mandos a que apoyaran las reivindicaciones del movimiento emergente.

La historia ya fue contada: el 21 de enero miles de obreros, campesinos, indígenas, comerciantes en pequeño, ahorradores, jubilados y colonos de los barrios, tomaron pacíficamente el congreso legislativo, el palacio de justicia y otras dependencias. El dirigente quichua amazónico Antonio Vargas, el coronel Lucio Gutiérrez y el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Carlos Solórzano, proclamaron el nuevo consejo de gobierno y anunciaron una futura consulta popular que decidiera las estructuras y leyes del nuevo Ecuador. Después, la multitud acompañada de los militares ingresó en el palacio de gobierno, instauró la junta y hacia las últimas horas del día, el coronel Gutiérrez renunció en favor del general Carlos Mendoza. Todo parecía perfilarse hacia un cambio radical.

El júbilo no era sólo haber derribado a Mahuad y tener en las manos un gobierno popular que esperaba ser legitimado en los próximos días, sino que todo había transcurrido casi sin sangre. La voluntad pacífica del movimiento quedaba más que acreditada aunque en Guayaquil, donde las manifestaciones enfrentaron una represión más aguda, el saldo fuera de 19 heridos y dos muertos ultimados por los ocupantes de una camioneta roja que cruzó una manifestación como la ráfaga de sus metralletas para luego desaparecer.

Pero en las horas de sueño de una sociedad que celebraba el triunfo en todos los rincones de un país que se había paralizado en sus 22 provincias --por decisión consensada paso a paso desde la misma base social en asambleas populares de la comunidad al cantón a la provincia hasta el nivel nacional--, Carlos Mendoza renunció a la junta, pidió su disponibilidad y avaló que otros militares respaldaran al vicepresidente Gustavo Noboa para presidir Ecuador con el beneplácito y la santificación de la oligarquía ecuatoriana.

Breve como fue, el triunfo del levantamiento popular ecuatoriano tuvo alcance planetario. Estados Unidos y el club internacional de empresarios, banqueros e industriales que sesionan en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los organismos multilaterales de "asistencia" se jalaron cabellos y rasgaron vestiduras. Sus políticas de "feriado bancario", su esquema de dolarización y sus planes geopolítico-militares habían estado en el bote de basura.

Quienes durante estos episodios y después de consumada la entronización de Noboa por un congreso legislativo que sesionó --qué imagen-- en la cámara de comercio de Guayaquil, explicaron los hechos invocando la figura de un golpe militar olvidan que el levantamiento fue sumando la participación directa de múltiples sectores de la sociedad empobrecida. Crecía por horas la indignación ante la figura de un presidente que en dos ocasiones anteriores, marzo y julio de 1999, se había visto impugnado por levantamientos populares con los que se comprometió a crear mesas de diálogo y a reformar aspectos cruciales para la supervivencia de la mayoría. El clamor era que cumpliera o se fuera.

El levantamiento no sólo contó con la fuerza del Parlamento Nacional de los Pueblos (conformado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador y la Coordinadora de Movimientos Sociales). La responsabilidad la comparten dos pistas que aunque nunca llegaron a coordinarse a nivel de cúpulas pese a tener programas semejantes, sumaron la fuerza de sus bases que tenían borradas todas las divergencias. El otro actor, ausente de casi todas las crónicas de los acontecimientos es el Frente Patriótico de Unidad Nacional (que aglutinaba entre otras organizaciones al Movimiento Popular Democrático, la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres y la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras).

En el último año las condiciones de vida de los ecuatorianos se deterioraron a niveles impensables. A una semana del anuncio de la dolarización la inflación se triplicó. Fue enorme la angustia de los ahorradores cuyas cuentas se mantienen congeladas, viendo que no podían disponer de sus ahorros y que su dinero no valdría nada en caso de que algún día pudieran cobrarlo en algo más que bonos especiales emitidos por el gobierno.

Si la cifra de 60% de la población en extrema pobreza no es suficiente, quizá el chiste generalizado que acompañó a Mahuad a su defenestración añada algunos signos. "Te tengo una noticia buena y una mala", repetía la gente. "La buena es que el Jamil sí cumplió en eso de la creación de empleos. La mala es que los creó en España, en Bélgica, en Francia y en Estados Unidos". En los últimos dos años ha emigrado cerca de un millón de ecuatorianos, de una población de 12.6 millones.

Que el Departamento de Estado Norteamericano y los enco-menderos de los diversos países amenazaran en defensa del "orden constitucional" al efímero gobierno con un bloqueo económico y un aislamiento político semejantes a los de Cuba, tiene sus razones.

El 12 de noviembre de 1999 Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo por 10 años para que "en el marco de la lucha contra el narcotráfico", los militares estadunidenses hagan uso de la base aérea de Manta, las instalaciones portuarias e "instalaciones relacionadas con la base o su vecindad", gozando de inmunidad diplomática y paso franco a la importación y exportación de "productos, equipos, materiales, provisiones y otros bienes". Con ese enclave, Estados Unidos logra un control estratégico de la región, y se posiciona para lanzar eventuales ataques a las fuerzas rebeldes en Colombia, entrenar paramilitares y vigilar los pasos interoceánicos en toda el área. Adolfo Pérez Esquivel relata su visita a Manta: "Ya en la mar navegamos prácticamente al lado de una nave de guerra de Estados Unidos, con los misiles en posición de presentación para la entrada al puerto de Manta. Es evidente que semejante poder de fuego no era para combatir el narcotráfico" (La Jornada, 27 de diciembre de 1999). En esas circunstancias Estados Unidos no iba a permitir un gobierno en Ecuador contrario a sus intereses estratégico-militares.
 
 

El espíritu surgido de una base social pauperizada y excluida, chocó en Ecuador con la lógica global de enclaves de servicios, comunicaciones, transacciones y diversión, cuyo ser y permanencia está montado en el robo de recursos, en la expulsión de campesinos, en la utilización de una fuerza laboral a la cual le arrancaron una a una sus conquistas y en la estafa como forma de gobierno y administración. En ese "mundo mundial" quienes toman las decisiones no son ya los gobiernos sino el club internacional de banqueros y empresarios. Quinientos años después de la expansión europea no hacen falta colonias. Invocar la lógica de centro-periferias tampoco corresponde con lo que ocurre.

Tiene razón José Steinsleger (La Jornada, 3 de febrero) en indagar las diferencias sustantivas que puedan tener las cartas de intención que el fmi impone a los gobiernos, con las cédulas de erección de las Audiencias del Imperio español de entonces. Los excluidos ya no enfrentan una lógica nacional o imperial del poder: sus operadores no deciden nada. Son meros administradores provinciales de una amiba que se mueve en una realidad ilusoria pero aplastante en el entorno en el que opera, otorgando razón a Huxley o Phillip K. Dick. El mundo carga dos ámbitos que se traslapan, se rozan o se empalman, pero no se funden. Las categorías de clase o la menospreciativa y eufémica de etnia no alcanzan para decifrar el futuro del 70 % de la población, tan sólo en América Latina. Ante la gran maquiladora que se cierne, la diversificación y la suma de resistencias con perspectivas más entretejidas tendrá que asumirse internacional o quedará entrampada en reivindicaciones puntuales desarrollistas y como tal mediatizadas. La definición de lo político merece más alcances: Seattle, Ecuador y México ofrecen enseñanzas que comienzan a dilucidarse.

Ramón Vera Herrera
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