Amazonia devastada

En las tierras de la nueva resistencia
 
 

Guillermo Delgado-P.
 

Alrededor de cuatrocientos pueblos indígenas habitan todavía en el ecosistema de la Amazonia sudamericana, con una proporción de lenguajes, saberes propios, y biodiversidad inaccesible o irreconocible para un alto porcentaje de sociedades no-indígenas. Sin embargo, el colapso ecológico de este complejo hábitat, siguiendo predicciones, enfrenta un implacable ataque equivalente a un proceso de neocolonización. Cada año que transcurre se considera que es "el más alto" en el proceso de deforestación. En 1990, once mil kilómetros cuadrados fueron deforestados; seis años más tarde se calculó que se desforestaron 18 mil kilómetros cuadrados de ese invaluable sistema ecológico. De acuerdo a Nigel Sizer del wri (World Resources Institute) Brasil logró reducir la deforestación de 21 mil kilómetros cuadrados en 1980, a los 11 mil kilómetros cuadrados en 1990, gracias al apoyo masivo de 250 millones de dólares asignados a ese país por parte del Grupo de los Siete para reducir el colapso ecológico. Supuestamente, tal inversión colaboraría con el gobierno de Brasil para detener la destrucción ecológica del ecosistema amazónico. Si ocurriera, al menos 40 mil millas cuadradas se reservarán para los pueblos indígenas.

Sin embargo, detener el colapso de la Amazonia requiere considerar ese ecosistema en toda su variada complejidad y no sólo a través de inversiones que privilegian a un solo país. Para enero de 1999, Brasil aún dudaba de su capacidad para participar con un diez por ciento que completaría  el presupuesto ofrecido por el Grupo de los Siete (250 millones de dólares). La pérdida de territorios por parte de los pueblos indígenas en Brasil es tal que, entre los kaiowá, un subgrupo guaraní, en 1995 se notó cifras elevadas de suicidio presumiblemente por la perdida de tierras que desde 1945 se redujeron de 402.325 kilómetros cuadrados a 276 kilómetros cuadrados. Existen alrededor de 25 mil kaiowá, y hoy alrededor de 6 mil viven en sólo 25 hectáreas. Similares procesos de desposesión de la tierra por deforestación suceden en países colindantes de la cuenca amazónica.

Las tres Guyanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia tienen límites con el ecosistema amazónico. En estos países los niveles de deforestación son tan altos como en Brasil. Venezuela, por ejemplo, tiene una de las tasas más altas de deforestación de América Latina y pierde alrededor de 500 mil hectáreas por año. Sólo 18 millones de las 50 millones de hectáreas están protegidas por haber sido declaradas Parques Nacionales. Únicamente existen dos reservas de la biosfera. En 13 millones de hectáreas se implementa la llamada extracción controlada; sin embargo, ni la reforestación ni el plan de conservación alternativo es parte del convenio de extracción.

Existen en Venezuela 28 Pueblos indígenas. En la Amazonia Venezolana subsisten alrededor de 19 naciones indígenas, varias afiliadas a orpia (Organización Regional Pueblos Indígenas de Amazonas, fundada en 1993). El gobierno venezolano del presidente Hugo Rafael Chávez, por otro lado, persiste en llevar a cabo el Decreto 1.850 (Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal Imataca), que considera implementar el tendido eléctrico en el estado amazónico de Bolivar, además de la división político-territorial del Amazonas. Los pueblos indígenas pemon, akawaio, arawako, kariña y warao de la Sierra de Imataca, Gran Sabana y Rio Paragua, continúan su reclamo sostenido para eliminar tal Decreto por considerarlo violatorio. Es extraño el comportamiento de la exministra del Ambiente, Uriana Pocaterra, indígena wayú que, contrariando el interés de las comunidades indígenas, se ha mostrado partidaria del tendido eléctrico y del Decreto, que desea se reformule sin derogar. La posición de las comunidades indígenas es precisamente derogar y asimilar el Convenio 169 que garantiza su sobrevivencia como sociedades indígenas. A pesar de ser Venezuela firmante del Convenio 169 de la oit, este aún no ha sido ratificado. Las comunidades afectadas solicitan que la Nueva Constitución que se elabora en Venezuela "garantice el respeto y la no-intervención de las tierras indígenas, y que se garanticen los derechos sobre sus territorios tal como lo dictamina el Convenio 107 de la oit y otros instrumentos jurídicos internacionales suscritos por Venezuela". orpia llamó a un Congreso Indígena en 1997 con el objeto de proponer nuevas formas de división política del Estado del Amazonas, nota que regresará a la mesa de discusiones tras los más recientes debates promovidos por el gobierno del presidente Chávez. El destacado dirigente yek'uana Simeón Jiménez, quien creara en Kuyujani la noción de "autodemarcación", al debatir la creación del estado Amazonas presionó para que el Municipio Alto Orinoco explicitara y reiterara, en su constitución, la naturaleza multicultural de dicho estado. "Se presionó para que el poder político se descentralizara mediante la división del territorio Amazonas en municipios. Visualizamos que esta división traería la posibilidad de que el poder político local quedara en manos indígenas en aquellos municipios habitados por todos nosotros. Nuestro empeño por acceder al poder local está inspirado en una visión colectiva, obviamente en contra de los poderes locales tradicionales que se arropan bajo la excusa de proteger a los indígenas", dijo el dirigente yek'uana. No obstante, el 20 de marzo de 1999, el Congreso Extraordinario de los Pueblos Indígenas de Venezuela no hizo alusión a la situación del Convenio 169 en su propuesta de los Pueblos indígenas para la nueva constitución.

En la Amazonia Colombiana los debates relativos a la deforestación han alcanzado niveles álgidos al producirse sólo en la primera parte de 1999 múltiples conflictos que afectan a varias naciones indígenas. Los problemas tienen que ver con la presencia de paramilitares, guerrillas asociadas al narcotráfico, y una persistente asistencia militar al ejército colombiano por parte de los Estados Unidos. Sociedades indígenas como los uwa, los emberá, los guaymí, los inganos y los kunas, poco familiarizadas con el resto del mundo, han sufrido reveses graves que van desde la ocupación de sus territorios por militares, narcotraficantes y guerrilleros (naturalmente, no todos al mismo tiempo) hasta las amenazas físicas que reciben continuamente de todos ellos.

El profesor Kenji Ago, de la Universidad de Seinan Gakuin, Japón, reflexionando sobre el proceso de desforestación en Ecuador, considera que la expulsión de la corporación transnacional Mitsubishi y de su similar Toisan-Range en 1997, contribuyó a crear una conciencia ecológica en ese país destituyendo proyectos de minería financiados por esas transnacionales. La extensa presencia anterior de transnacionales se asocia con la extinción de unas 10 mil especies de plantas que crecían en ese ambiente ecológico y cuyos rastros serán difíciles de retrotraer. Tanto la perforación petrolera, como la exploración para la minería del cobre, continúan siendo constantes amenazas del bosque de las provincias del Chocó e Intag, que colinda con el hábitat de indios de Colombia. La creación de plantaciones de banano y palma para la fabricación de aceite, ya afectaron alrededor de un 9% del territorio del oeste ecuatoriano. Sin embargo las ongs Acción Ecológica y decoin continúan el trabajo sostenido de denuncia para eliminar el Proyecto Junín, patrocinado por el gobierno ecuatoriano y las transnacionales como Mitsubishi y Bishimetals. Al haber obtenido una copia del Estudio de Impacto preparada por la agencia japonesa Metal Mining, se supo que de no haberse opuesto al Proyecto Junin, se habría enfrentado una "deforestación masiva", graves niveles de contaminación de varios ríos (con plomo, arsénico, cadmio, cromo, cobre y nitratos), impactos negativos sobre treinta especies en peligro de extinción, sobre comunidades indígenas locales, y sobre la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, una de las más ricas del mundo. Como evidente ejemplo de biodiversidad, recordemos que una sola hectárea de la Amazonia puede acoger 450 variedades de árboles.

En respuesta, en Chocó y en Intag se están implementando formas alternativas que desechen la minería como forma ocupacional para las comunidades locales y se pone en práctica la agricultura sostenible con cultivos orgánicos de café que les permita una articulación controlada por la comunidad hacia el mercado. Desde entonces se piensan nuevos proyectos sustentables tales como la reforestación de árboles nativos, el turismo ecológico, la artesanía, la administración comunal de bosques y ríos. Naturalmente, en el transcurso del año, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (conaie), organismo nacional, se ha enfrentado con el gobierno en otras áreas donde el uso y acceso a la tierra aún cuenta con problemas de regulación.

Desde 1997, en Perú, el Consejo Machiguenga de Rio Urubamba (comaru) sigue defendiendo su territorio contra la abierta incursión de la petrolera Shell. Treinta y cinco comunidades del valle del Rio Urubamba están reconocidas por el Decreto Ley 22175, "Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de la Selva". Si la Shell continúa con sus operaciones de exploración y explotación de petróleo (casi similar a Texaco-Ecuador), trece comunidades estarán afectadas en los llamados Lotes 88A y 88B concedidos a la Shell. Según la información circulada en carta por Walter Vargas Pereyra, de comaru, ya se hallan proporciones inadmisibles de cadmio, mercurio y residuos de grasas en afluentes del río Camise.

En la Amazonia boliviana los niveles de deforestación son igualmente implacables. Según cejis (Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales), a pesar de existir decretos de carácter protector de la Amazonia que presumiblemente colaborarían a regular la relación sociedades indígenas y gobierno, éstos no han sido implementados. Acaba de descubrirse, por ejemplo, la existencia de 85 nuevas concesiones a madereras, 27 de las cuales se hallan en territorios indígenas reconocidos por el gobierno boliviano. Sin embargo, el caso boliviano es uno de poca probidad cuando se trata de leyes en defensa de la ecología. A pesar de haber emitido dichas leyes, la falta de capacidad para la implementación supera el buen deseo de la protección ambiental. Naturalmente, este es un caso de flagrante violación del Convenio 169 aprobado con carácter de ley 1257 por el gobierno boliviano. El superintendente de bosques, en este caso, hizo utilización unilateral de su investidura, ignorando la responsabilidad legal internacional, al haber concedido permisos a las madereras el 31 de julio de 1997. Las concesiones eliminan 500 mil hectáreas del territorio guarayo, 140 mil del territorio chiquitano de Monte Verde, más de 15 mil del territorio yaminahua-machineri, más de 17 mil del tme (Territorio Multiétnico), más de 28 mil del Territorio y Parque Nacional Isibori Sécure: en total, 700 mil hectáreas de territorio indígena reconocido por los instrumentos nacionales e internacionales.

En la mayoría de todos estos casos colindantes del sistema ecológico de la Amazonia, las divisiones artificiales de las naciones estado han contribuido visiblemente a deforestar el área. Las nuevas políticas medioambientales de protección deben repensarse con imaginación a la altura de la complejidad ecológica de esta gran biótica sudamericana. Por otro lado, hay que considerar las corporaciones transnacionales que, como Texaco en el caso de Ecuador, contaminaron agua y tierra en la Amazonia de los pueblos indígenas, y continúan exonerándose de culpa ante los tribunales internacionales so pretexto de haber subcontratado agencias que, a la hora de la verdad, desaparecieron. Y en relación a las denuncias de la deforestación alevosamente causada por empresas madereras, como en el caso boliviano, se piensa aún que tales denuncias constituyen infiltraciones medioambientalistas alentadas por ideas foráneas, ajenas a los pueblos indígenas. En el contexto de la globalización y el neoliberalismo, los pueblos indígenas acaban siendo acusados de ser causantes del colapso ecológico.

A pesar de su grandeza ambiental, la Amazonia es una de las ecologías más frágiles, y la mantienen viva los pueblos indígenas que la han habitado durante milenios. En la Amazonia, y en otros sistemas ecológicos ocupados por los pueblos indígenas, se debe aplicar la nueva noción jurídica del Derecho Inmemorial a los Territorios.