Ojarasca, septiembre 1999

La contrainsurgencia preventiva

Alfredo Zepeda

"Lo único bueno de programas como el Progresa, es que de seguro se van a terminar pronto". El viejo Felipe Hernández, de la comunidad náhuatl de El Naranjal, en la Sierra Norte de Veracruz, sentado de espaldas al cedro rojo, junto a la curva del río Vinazco, recorrió los años con su pensamiento: "Así pasó el Coplamar por el año ochenta y luego vino el Pronasol cuando Salinas. No quieren beneficiar sino poner cargas. Un poco dan pero no respetan a la gente. No entregan lo que corresponde por derecho, por la deuda que nos deben, sino como por limosna. Y luego se acaban, porque cada presidente quita el programa anterior y pone el que se le ocurre a él. Con el Progresa pasará lo mismo" --sentencia.

Bajo la sombra de las hojas verde tierno, unos cincuenta tepehuas, nahuas y otomíes se reúnen para platicar de los problemas que traen inquietas a las comunidades de la sierra, y se escuchan unos a otros.

contrainsurgencia Desde que llegó el Progresa el probreza como lo llaman con ironía en la Sierra Norte y la Huasteca--, empezaron los trajines y las desazones. El Progresa dice atender la educación, la salud y la alimentación de los grupos marginados, de los indígenas, por supuesto.

De las ciento treinta mujeres de la comunidad de El Cuayo-Esperanza solamente escogieron a noventa. El precio consiste en hacer el trabajo de limpieza de la comunidad. Las cuarenta excluidas están enojadas. No quieren hacer la faena que antes hacían por acuerdo común. Las nuevas faenas son obligadas con el pretexto de la participación comunitaria. Las mujeres pelean entre sí. El pueblo se divide. No se entiende por qué, si todas las familias están igual de pobres, sólo a unas les tocó, que porque tienen hijos de tercero a sexto de primaria, o por otra razón que no se sabe.

A las de Otatitlán, con el apoyo les llegó la carga. Para recibir sus 150 pesos han de ir hasta la cabecera municipal de Zontecomatlán a cincuenta kilómetros de distancia, amontonadas en un carro de redilas. Peor les resultó a las mujeres de El Pericón, que para llegar hasta Texcatepec habrían de caminar doce horas a pie, subiendo mil quinientos metros de montaña. De plano prefirieron quedarse y levantar protesta por el agravio. Pero el peregrinar no termina allí. Cada mes han de caminar dos horas a la clínica del imss a recibir una plática sobre el diu y las ventajas de la salpingoclasia y un sermón sobre cómo hervir el agua del manantial. En sesión aparte sus maridos escucharán un discurso paralelo sobre el uso del condón y las facilidades de la letrina seca.

Le llaman medicina preventiva. Y el axioma es obvio. Más vale prevenir que curar. Pero, dice Severo Hernández Cristóbal: "Ya se ve que es el pretexto para no tener medicinas. Mi niña necesita antibiótico y dicen que sólo hay metronidazol y aspirina; el melox también se les acabó".

Para escoger a los beneficiados, llegó la brigada de una empresa contratada por el gobierno. Ni avisaron a las autoridades de los municipios ni de las comunidades. Hicieron las preguntas a cada familia. Y se fueron como llegaron, sin despedirse, después de marcar la puerta de cada casa con una etiqueta color naranja. "Es para que no haya preferencias" --se justificaron.

Cuando se publicaron las listas, en Amaxac les tocó Progresa a todos los del barrio del Encinal, donde se concentran los priístas mestizos. A ninguno más escogieron. Lo mismo pasó en otras regiones como en Tarahumara donde dirigentes del PRI que estrenan carro todos los años y maestros que tienen su sueldo, se postularon para recibir su Progresa. En las cercanías de Huejutla, los de la organización URECHH se quejan de que les dieron preferencia a los de la CNC.

Los laberintos de la burocracia

Cualquier queja sobre el funcionamiento del programa se pierde en el laberinto de las dependencias locales. Telecom recibe los cheques pero no da cuenta de los que faltan. Los promotores del programa vagan por una docena de municipios repartiendo folletos explicativos cada vez más complicados, sobre el control de asistencias a la escuela. En vano tratan de convencer sobre la sutil distinción entre la papilla para los niños de dos a cuatro años y el suplemento alimenticio para las embarazadas y las que dan pecho a niños de no más de un año. Cuando las comunidades protestan por estas complicaciones, los improvisados mensajeros sólo atinan a contestar que ellos no llevan recados de abajo, sólo reciben órdenes de arriba. Los funcionarios del siguiente escalón responden invariablemente: "no es de mi competencia".

La punta de la hebra tal vez termina en la computadora de Progresa, que registra inanimadamente las ausencias de los niños a la escuela o las asistencias de las mujeres a la clínica, para restar implacablemente los pesos y los centavos desmerecidos. La máquina imprime cheques para becas de secundaria sin que su disco registre que en miles de comunidades el acceso a la escuela está limitado a la primaria. El CDrom registra cifras pero no contabiliza los sudores de la gente.

No queremos que nos planifiquen

El tema de la planificación familiar brota reiteradamente en la reunión, junto al cedro del río Vinazco. A Angélica la sermoneó la enfermera de Metepec porque ya había firmado para que la operaran, pero cambió de opinión, después de pensarlo bien con su esposo. A Juana San Antonio, de Ayotuxtla, le pusieron el dispositivo, sin que se enterara, cuando tuvo su primer hijo; solamente catorce años después, descubrió la razón de su esterilidad. El doctor de la clínica de Denguaní, confiesa que los otomíes no le tienen confianza porque su antecesor estuvo presionando a las mujeres con que no les darían su Progresa si no se operaban o no aceptaban el DIU. "Es que" --admiten algunas enfermeras-- "tenemos que reportar cuántas mujeres se operan o usan anticonceptivos. Y pues, a las que reportan pocas las hacen sentir que no trabajan".

"No somos tan tontos como para no entender cómo se planifica con la voluntad de las familias" --dice Narciso Mina, el de Tlachichilco-- "pero no estamos de acuerdo en que nos planifiquen y en que nos digan que el que tenga más de dos hijos después del año 2000, lo van a multar". Y mira alrededor la vega y la cañada. Todos los tonos de verde refulgen en este verano de sol y lluvia. Las milpas jilotean y anuncian las primeras mazorcas. Este año, después de tres de sequía, parece que habrá maíz para todos. Y comparte con el Damasio Martínez, de La Soledad, lo que se le viene al pensamiento: "No mucho nos van a enseñar los doctores de cuándo se siembra con las manos, ni con nuestro cuerpo, ni de cómo se crece la semilla".

Los pensamientos de los indígenas están muy lejos de los discursos de la asociación Provida. Ni se enteran de los debates acerca de la relación del diu con el microaborto. Pero no pueden menos que registrar el evidente contraste entre la puntualidad de la ambulancia que lleva a las mujeres a la operación de ligadura en la clínica de Chicontepec y el retraso en reponer los exiguos botiquines de la unidad médica rural. Se sabe por voz del propio director del hospital del IMSS en Huejutla que el número operaciones de OTB (Obstrucción Tubaria Bilateral) casi igualó el de los partos atendidos en esa clínica, durante este año.

Obviamente los supervisores y funcionarios negarán que haya presiones. Y siempre responden: "esa no es la política del programa". Pero cualquiera que camine por las comunidades y tenga la confianza de la gente, se va a enterar de que las presiones para forzar la reducción de los nacimientos se dan, desde las sutiles hasta las flagrantes.

La investigación diseñada por la Sedeso para proyectarse hasta el año 2020 distingue entre las zonas indígenas de mayor crecimiento demográfico y las de fuerte emigración. Para el control de nacimientos, sin embargo, la política es uniforme.

No existen las comunidades, sólo los individuos

El sello del Progresa es la privatización del trato. No existen las comunidades, sólo los individuos. Las comunidades se dividen, las autoridades comunitarias quedan al margen. Las regiones y los municipios sólo significan un mapa que existe en alguna oficina del gobierno federal. Bajo el velo del anonimato y la aparente imparcialidad se esconde la discriminación, el menosprecio y la agresión al sentido comunitario y al tejido cultural de los pueblos indios.

Junto con el Procampo y el Procede, el Progresa es un programa estratégico del Gobierno para privatizar a los campesinos y a los indígenas, y desbaratar la esencia y el sentido de su vida unitaria, conformada por la Tierra y la Comunidad: justamente las dos piedras angulares de los Acuerdos de San Andrés.

El país visto desde palacio

El primero de septiembre el presidente Zedillo informó que los beneficiarios del Progresa son 2.3 millones de familias. (5Ɔ Informe. Cap. iv Pag. 152). Si en cálculo optimista, a cada familia le tocaran en promedio 300 pesos al mes, el Gobierno gastará al año en este programa 8 mil millones de pesos. Mientras tanto, habrá ya entregado 873 mil millones de pesos al pequeño grupo beneficiario del Fobaproa, el más rico del país. (La Jornada, 4 de septiembre de 1999).

Tan flagrante es la desproporción, que el propio Gobierno, en ese informe, ya no reconoce estos programas como de desarrollo, sino como "compensatorios".

Se mira mejor desde las chozas que desde los palacios. Desde abajo se ve como contrainsurgencia preventiva, como exterminio, dicen. Desde arriba, se mira otro país, el país del Presidente, que él mismo describió en su mensaje.

Desde las cañadas subrayadas por ríos crecidos se levanta una voz, la del zenzontle, pájaro de las cuatrocientas voces. Mientras esta voz no sea reconocida con acuerdos cumplidos y con derechos incluyentes, nadie podrá dormir tranquilo, ni los gobernantes.

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