Ojarasca, agosto 1999


En lo que terminan su disputa por la nación para mejor venderla, los grupos en el poder se comportan cada día con mayor irresponsabilidad. Entre complicidades y competencias inconfesables, y previsiblemente ávidos de votos a como dé lugar, hacen de nuestro territorio y nuestros recursos el botín y la arena de sus desaciertos.

A pesar de lo que el poder maquina, en todo el país las comunidades, las organizaciones de diverso tipo y lo que queda de los sindicatos han decidido hacer las cosas a su modo, y exigirle a un Estado que no se especializa precisamente en honrar compromisos, el cumplimiento de sus derechos ųentre los que se cuenta la participación en los destinos de la soberanía nacional.

Violencia y publicidad son las dos armas institucionales que buscan desarticular, en lo general y en lo particular, los esfuerzos de resistencia, de paz. Y reconciliación, pues la inmoralidad del poder se ha vuelto tal, que invierte cantidades de un dinero que no le pertenece en dividir, enfrentar, amedrentar, y corromper o castigar. Es comprensible su ansiedad. Nunca había sido tan jugoso el negocio de administrar la patria. Y nunca había estado el poder tan cerca de terminar en presidio. Una trágica paradoja.

La pluralidad y la tolerancia dan la clave para un mejor tránsito del país. Que sea evidente no basta para que así ocurra. El poder amenazado y la lógica elemental nunca se han llevado.

La violencia política es hoy, por desgracia, el recurso de los grupos apoderados del país y la legalidad para impedir que la gente haga suya la nación en sus distintos territorios, a sus modos y por las buenas.


Que no le digan, que no le cuenten

La Ley Albores ya no es un mero proyecto, sino un portazo en las narices de la paz. El interino del interino actúa como si bastaran las obedientes manos levantadas de algunos diputados priístas para borrar el proceso de diálogo de San Andrés y pone en marcha una campaña publicitaria que festeja que, ahora sí, los indígenas chiapanecos tienen su ley. Con los ejemplos recientes de la ley sobre derechos indígenas y el proceso de remunicipalización, queda claro que el gobierno sólo quiere dialogar con el espejo.


Regresar a la Portada