Ojarasca, junio 1999

Los pasos  de Progresa
 
  Concepción Hernández
 
Tardíamente, se puso en marcha el programa social anunciado como el más importante del actual sexenio: el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa). Éste dice romper el círculo vicioso de la pobreza y centrar su atención en la familia, apoyando principalmente a los niños y jóvenes. Según datos  oficiales el programa atiende hoy unos 2.3 millones de familias, alrededor de 13 millones de personas, más o menos la mitad de las que viven en la extrema pobreza.
Según el criterio del Progresa, esta población es la que no cuenta con recursos suficientes para acceder a la canasta básica. Sobre la base de una regionalización del país, el programa define a la población que atenderá con criterios estrictamente demográficos y cuantitativos.
El Progresa se presenta como auditable, descentralizado,  transparente, integral y participativo, pero su esencia es distribuir  servicios y dinero entre los pobres.
Las becas educativas para alumnos del tercero de primaria  al tercero de secundaria, mayores para niñas que para niños,  útiles escolares o apoyos para su adquisición,  conforman el componente educativo del Progresa.
En cuanto a la salud se proporciona un paquete básico de servicios (que incluye una calendarización de citas a las unidades médicas) y se otorga un suplemento alimenticio en efectivo.
Ajustada a criterios socioeconómicos, la selección  de las familias beneficiadas corta a las comunidades a lo largo de una línea incomprensible para sus habitantes. Los apoyos económicos están sujetos al cumplimiento de una agenda predeterminada: para tener derecho al apoyo alimenticio "las familias beneficiadas deberán complementar sus visitas periódicas de cuidados a la salud y los padres y madres asistir a las sesiones de educación para la salud". Para que la madre pueda cobrar la beca de sus hijos tiene como única "corresponsabilidad" inscribirlos en la escuela y vigilar que tengan un 85% de asistencias.
Para los diseñadores del Progresa, la mayoría de los adultos y jóvenes de su población objetivo nunca escapará a "la reproducción  y transmisión intergeneracional de la pobreza", por lo que sus acciones se centran en las mujeres embarazadas y en lactancia y los niños.
En el documento que la Fundación Rigoberta Menchú elaboró para sistematizar los conclusiones de una serie de talleres de solución de conflictos que organizó entre pueblos nahuas,  se concluye: "Un problema que aqueja a las comunidades, especialmente a las mujeres, es la acción condicionada de Progresa, que es utilizado como instrumento de presión para el control natal."      (Ojarasca)
 
 
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El 24 de abril, los diarios publicaron la noticia de un accidente ocurrido en Amatenango de la Frontera, Chiapas, en el que fallecieron 46 campesinos y nueve resultaron heridos. Entre los muertos había mujeres y niños. El camión de carga que los llevaba de la comunidad Chiquisvil se cayó a un barranco de más de 300 metros de profundidad. El regidor del ayuntamiento de Motozintla dijo que los campesinos iban por sus cheques correspondientes al Progresa. Cheques atrasados, pues en todo el país el subsidio --que varía entre 200 y 300 pesos al mes-- se está entregando con medio año de retraso. En Veracruz se pagó apenas el bimestre de noviembre y diciembre de 1998; falta que se paguen los dos primeros bimestres de 1999 a las 190 mil familias que reciben ese apoyo (La Jornada, 29 de mayo). Con semejante atraso se explica que los pasajeros chiapanecos viajaran en lo que hallaran, un camión de redilas en este caso, para cobrar su cheque.

El Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), según fue propuesto, tiene un enfoque de género, bajo el cual las becas para niñas son más altas (entre diez y 35 pesos más, según el grado escolar) que para los niños que cursan la educación primaria. Un niño por familia recibe 200 pesos entre primer y segundo año. Si es niña, recibe 210 pesos y aumenta proporcionalmente en los siguientes grados. Esto es con el fin de que los padres de familia manden a la escuela a las niñas, que siempre fueron relegadas respecto a sus hermanos varones.
 

Además de la beca, que se paga con atraso de medio año, las familias beneficiarias reciben una despensa y son tomadas en cuenta con mayor prioridad para recibir atención médica.

Durante el segundo semestre del año pasado, la fundación Rigoberta Menchú realizó diversos encuentros sobre solución de conflictos en comunidades nahuas de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Morelos, Guerrero y Milpa Alta, y mayas de Quintana Roo. La gente habló de sus problemas y señaló, entre los principales, la forma en que se manejan los programas gubernamentales, especialmente el Progresa. En todos los encuentros el Progresa fue calificado de instrumento electoral, manipulado desde las cabeceras municipales para producir votos a cambio de despensas. Lo que más duele a la gente es que el programa causa división en las comunidades, ya que no incluye a todas las familias, sino sólo "a las más pobres". Se quejan también de la elección de las familias beneficiarias, sobre todo de que después las sustituyan. ¿Cómo es posible, dicen, que se elija a unas familias más pobres que otras, en lugares donde todas comparten condiciones de vida semejantes? En muchos casos, se dijo, la elección fue aparentemente imparcial, pero luego las autoridades municipales y algunos líderes comunitarios hicieron la sustitución conforme a la militancia o simpatía partidista de los elegidos.

Se dijo que las personas que no son incluidas en el programa reciben atención médica en segundo lugar y que muchas mujeres son presionadas para someterse al control natal, que va desde la colocación del dispositivo intrauterino, hasta la cirugía esterilizante. Se señala que las esterilizaciones se realizan en los hospitales de gobierno, sea en Cuetzalan o en Oxkukab. Según los testimonios existe una política de "salud" que tiene como meta reducir los nacimientos, sin muchos escrúpulos.

La gente se queja también de que los médicos de los centros de salud invierten gran parte de su tiempo en rendir informes sobre la atención que dan a las personas y familias inscritas en el Progresa, lo que les resta tiempo para atender a los enfermos.

Además de que se imputa a los operadores del Progresa distintas violaciones a los derechos humanos de las mujeres, se critica el programa porque, si dice ser el principal instrumento del gobierno federal contra la pobreza extrema, no se ve cómo este programa pueda ayudar a mejorar siquiera un poco las condiciones de vida de millones de mexicanos que no tienen vivienda adecuada ni empleo. No mejora en nada a los pobres un programa que está mal diseñado, que es perversamente manejado y que, para colmo, entrega los escasos recursos a los pobres con medio año de retraso.

Los programas contra la pobreza debían incluir la creación de empleos permanentes que permitan solvencia a la gente, que generen autoestima y dignidad y no conviertan a los pobres del campo (el Progresa sólo opera en comunidades rurales) en dependientes de recibir migajas dadas de mala gana y con tanto retraso.

El mayor daño del Progresa es destruir la capacidad de exigencia de los beneficiarios. El derecho a la salud, derivado del derecho a la vida, deja de verse como tal, para verse como un privilegio recibido por obedecer las políticas de salud de un gobierno para el cual los pobres no merecen repeto.

Se ha podido constatar que no se da el servicio de salud a todos, y mucho menos hay acceso al llamado tercer nivel de salud. El Instituto Nacional Indigenista canaliza pacientes adultos y menores a la ciudad de México sólo cuando requieren servicios hospitalarios (el tercer nivel) y reciben apoyo en un albergue de esta institución en la colonia Roma, si son adultos, o en la Casa de los Mil Colores, si son menores de 18 años. En estos albergues los pacientes gozan de hospedaje y alimentación, transporte diario o dinero para los microbuses que los llevan a sus respectivos hospitales. También les pagan los pasajes desde su lugar de origen hasta la ciudad de México de regreso.

La atención médica en los hospitales públicos es gestionada por el servicio de trabajo social, que consigue a los enfermos indígenas excención total o un mínimo pago de los servicios médicos, pero la atención se otorga más como un favor gestionado por empleados conscientes que como una obligación de Estado. Lo justo sería que los servicios médicos fueran accesibles para todos los campesinos pobres, que para curarse cuenten con transporte, alimentación y hospedaje. No todos los pacientes pueden venir a curarse a la ciudad de México; la mayoría de ellos son atendidos en las unidades médicas rurales y en los hospitales de campo del imss, donde, si bien es cierto que el costo de la atención médica depende de su condición económica, siempre se necesita algo de dinero.

Los millones de pobres del campo que están enfermos, no tienen dinero para pagar sus pasajes desde su comunidad hasta los hospitales, ni los medicamentos y alimentos de ellos y de sus acompañantes. Están condenados a morir sin esperanza, como Nieves Marcelino, joven tuberculosa de Atempa, Ilamatlán, Veracruz, de 17 años y 36 kilogramos de peso. Ella iba a consulta a la umr de Pino Suárez, donde le daban periódicamente su dosis de Salbutamol, útil para el asma, no para la tuberculosis. No podía comer bien, ya no tenía fuerzas para trabajar, ni siquiera podía ponerse de pie, así que luego de estar en la clínica rural, donde no había medicamentos adecuados, el médico le recomendó ir a un hospital de campo, para internarse. Pudo ir ahí porque su hermano la ayudó. Luego de tres meses, Nieves recuperó la energía suficiente para pararse, dar unos pasos y sonreir. Fue dada de alta, regresó a su pueblo, pero al volver a vivir en la pobreza, en su cuarto-cocina lleno de humo, su pulmón no resistió más. Nieves murió cuando se bañaba para ir a la consulta en Metepec.
 
 

Para lo que sirve
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Los programas gubernamentales Progresa y Procampo no cumplen sus objetivos, o tal vez los cumplen bien, porque desorganizan a las comunidades. La gente no es informada oportuna y claramente, ni sobre el tiempo de los programas ni sobre la forma de participar al beneficiarse. Lo anterior propicia que las autoridades locales, regionales o federales utilicen políticamente los recursos económicos destinados a apoyar el desarrollo de la población indígena.

El Progresa es manejado por coordinadores que cambian a los beneficiarios originales por familiares suyos que son los que reciben todas las becas en una comunidad.

Desde que empezó a funcionar el Progresa, varias mujeres son esterilizadas permanente o temporalmente, ya que las operan o les colocan un dispositivo intrauterino sin pedirles su consentimiento. Es más, el Progresa condiciona los apoyos que da (becas y despensas) a la política estatal de control natal. Todos estos programas causan división entre la gente.

Los candidatos a las presidencias municipales compran el voto, mediante dinero o despensas. También amenazan a quiénes no quieren votar con quitarles los recursos de los programas de gobierno como Progresa y Procampo.
 

Los políticos hacen mal uso de los recursos públicos destinados a obras públicas, utilizan los programas de gobierno, como el Progresa, para sus propios intereses, dividen a la gente y no benefician a las comunidades. Falta honestidad en la aplicación de los programas de gobierno, en el registro y selección de los beneficiados se da mucho favoritismo, por lo que la gente no tiene confianza para dar sus datos.

No queremos que el Progresa se use con fines electorales ni que favorezca a los de siempre. Debemos crear comités que vigilen cómo se aplican los recursos de tales programas. Hay que pugnar por una educación que nos permita controlar la natalidad sin métodos de fuerza y engaño, debemos denunciar al personal médico y a las instituciones de salud que promueven el control natal a fuerza, ante la cndh y otras instancias.

Respecto a los programas de gobierno se propone hacer denuncias y difusión de manera organizada. Exigir que las autoridades informen el origen de los programas y sus objetivos.

Que las autoridades e instituciones informen al pueblo cómo consiguieron los recursos y cómo se van a aplicar los programas.

Si aceptamos un programa seamos responsables y vigilemos su buen funcionamiento. Hay que hacer conciencia y no votar por los candidatos que nos quieren corromper.

Cuetzalan, Puebla, diciembre de 1998.
 
Este testimonio es parte de las conclusiones de los Encuentros de Pueblos Nahuas: Resolución de Conflictos desde la Cosmovisión Indígena, organizados entre octubre  y diciembre de 1998 por la Fundación Rigoberta Menchú. Otras conclusiones coincidentes provienen de Ixtlahuancillo en Veracruz, Huejutla, Hidalgo, Cuernavaca, Morelos, y Chilapa en Guerrero.
 
 
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